Chihuahua, Chih., Luz Estela Castro Rodríguez, integrante del Consejo de la Judicatura Estatal (CJE) designada por el gobernador panista Javier Corral Jurado en mayo de 2017, es acusada de uso indebido de atribuciones por presuntamente manipular el resultado de dos concursos de oposición para elegir a 54 jueces locales, al cambiar en el último momento la institución que aplicó el examen. Se le atribuye también permitir el nombramiento de siete magistrados sin cumplir con el procedimiento debido el año pasado, según una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

Joaquín Sotelo Mesta, también integrante de la Judicatura, pero designado por el Congreso local, interpuso una querella contra quien resulte responsable por la presunta manipulación del resultado de los concursos de oposición CJE/002/2018 y CJE/003/2018, al existir un temor fundado de que los resultados de los exámenes teóricos de las convocatorias no sean los que se obtuvieron en los términos en que se dieron a conocer al Consejo de la Judicatura en el caso de la selección de dos jueces de lo familiar, 13 civiles y 39 penales durante 2018.

En la denuncia se acusa a la otrora activista Castro Rodríguez de manipular la elección de siete magistrados, porque “no existen actas de fe de hechos de los resultados de las evaluaciones.

Los resultados de los exámenes de oposición en la elección de magistrados son documentos sujetos de auditoría; por ley se deben archivar y transparentar, advierte Sotelo Mesta en la querella.

La acusación también señala que Luz Estela Castro, consejera de la Judicatura y presidenta de la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Poder Judicial local, fue la única persona que conoció los resultados de los exámenes teóricos de opción múltiple, elaborados por la Universidad Iberoamericana y aplicados en computadora por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

La Universidad Autónoma de Chihuahua era la institución encargada de aplicar los exámenes, pero Luz Estela Castro instruyó sin motivo fundado que la UACJ realizara las evaluaciones para recibir directamente los resultados. Joaquín Sotelo sostiene que no hay acta notarial que acredite la entrega de los documentos y la plataforma digital utilizada por la universidad no puede ser auditada.

“Respecto a los exámenes recibidos por la Universidad Iberoamericana, Castro comentó a los integrantes de la judicatura que existió ‘un problema técnico’ por el cual no podían llevarse a cabo los exámenes con el sistema de la Universidad Autónoma de Chihuahua, sin especificar la naturaleza de dicha falla; posteriormente nos comentó que ya se había resuelto el contratiempo y que personal de la UACJ nos auxiliaría”, refiere Sotelo.

Subrayó: El notario que vigiló la aplicación del examen tuvo que haber levantado una fe de hechos con los resultados que arrojó el equipo de cómputo o servidor de la UACJ, pero dicho documento no existe.

Según Joaquín Sotelo, personal de la Universidad Autónoma de Chihuahua confirmó que nunca hubo problemas técnicos para aplicar el examen, por lo que Luz Estela Castro no tenía motivo para cambiar a la institución encargada de la evaluación.

Cinco días después de interpuesta la denuncia, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no ha notificado al Consejo de la Judicatura sobre el proceso abierto por las presuntas irregularidades; por su parte, el Poder Judicial local informó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo Héctor González Villalobos y no Luz Estela Castro deberá responder los señalamientos.

Castro se ha negado a dar entrevistas, mientras diputados locales y empresarios exigen que se transparente la selección de jueces.

La junta de coordinación política del Congreso de Chihuahua analiza, a propuesta del priísta Omar Bazán Flores, investigar directamente el procedimiento y llamar a comparecer a los integrantes del Consejo de la Judicatura Estatal.

El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, integrado por empresarios chihuahuenses, emitió un comunicado para pedir a la Judicatura transparentar la designación de jueces, y que se dé seguimiento a la denuncia del consejero Joaquín Sotelo Mesta.

Luz Estela Castro, conocida en la entidad como Lucha Castro, es abogada y hasta su nombramiento como integrante de la judicatura era activista. Fue fundadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua y del colectivo Justicia para Nuestras Hijas. Desde 1994 fue integrante de El Barzón para defender a deudores de la banca contra embargos, y en 2016 apoyó la candidatura de Corral.

El 26 de mayo de 2017 fue designada por el mandatario panista consejera de la Judicatura, para lo cual la mayoría panista del Congreso modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los diputados redujeron el requisito de edad mínima para que Castro fuera consejera; además, aprobaron cambios que facultan a la Judicatura para aprobar y ejercer el presupuesto de todo el Poder Judicial, aumentar y disminuir el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia, así como una reforma al artículo 106 que hacía las resoluciones de los consejeros definitivas e inatacables.

En abril de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia que invalidó algunos de los cambios aprobados por la mayoría panista, aunque Castro permanece como consejera de la Judicatura.