n el mero día de la Guadalupana, el 12 de diciembre de 1998, priístas y panistas aprobaron uno de los mayores, cuan infames atracos a la nación, al legalizar la voluminosa deuda del rescate bancario (léase Fobaproa) y trasladar la factura, íntegra, a los mexicanos, al tiempo que el entonces inquilino de Los Pinos, Ernesto Zedillo, exigía más austeridad y anunciaba más impuestos.

Los prianistas sólo cambiaron el nombre del robo, ya institucionalizado, pues el Fobaproa pasó a ser el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB). Por aquel entonces el saldo legalizado rondaba 600 mil millones de pesos y ante la euforia de los que dieron el sí, el entonces presidente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador advirtió que al votar junto al PRI, el PAN resolvió el problema de los banqueros y del gobierno, pero condenó a millones de mexicanos a la pobreza y el hambre. La nueva institución no es más que un Fobaproa II, pues además de legalizar un atraco histórico a la nación servirá para seguir rescatando, con el dinero de todos, a banqueros ineficientes y empresarios corruptos.

Y López Obrador remató: “El PAN (con Felipe Calderón al frente) se mostró como un partido conservador, retardatario y palero, mientras el gobierno de Ernesto Zedillo actuó como un simple procurador para la defensa del capital financiero; (el día de la votación) pasa a la historia como uno de los más vergonzosos del México independiente, pues con la complicidad de Acción Nacional –cuyos dirigentes han actuado con un cinismo insólito–, el gobierno y el PRI han sustituido el Fobaproa por un instituto que sólo legaliza operaciones fraudulentas e impide el castigo a banqueros y funcionarios que dilapidaron 650 mil millones de pesos, y ahora tendrán que ser pagados por la población hasta el año 2025”.

Pues bien, transcurridos casi 21 años de aquella legalización, el cinismo, el fraude y la impunidad se mantienen y las utilidades de los bancos alcanzan niveles de ensueño (un billón 338 mil millones de pesos desde la aparición del IPAB), pero el pago de la factura podría extenderse no al año 2025 sino hasta 2065, o más, pues si bien el saldo del rescate se ha reducido como proporción del PIB (producto del crecimiento económico inercial), el saldo nominal de la deuda no ha dejado de crecer y menos los pagos que los mexicanos –quiéranlo o no– puntualmente hacen, año tras año, vía el presupuesto de egresos de la Federación.

Desde la legalización del Fobaproa al cierre de 2018, el saldo de sus pasivos –ya disfrazado de IPAB– se incrementaron de 600 mil millones de pesos, aproximadamente, a 950 mil millones, en números cerrados, y contando, con todo y que anual y puntualmente del erario salen cantidades estratosféricas para pagar el servicio del adeudo.

Lo anterior invita a recordar lo que en enero de 1995 (a punto de iniciar el rescate) dijo el entonces gobernador del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo: El apoyo a los bancos no rebasará los 50 millones de dólares (alrededor de 400 millones de pesos al tipo de cambio de la época); el apoyo (del erario), vía Fobaproa, será temporal, y sólo en caso de necesitarse.

En los hechos, esos 400 millones de pesos se multiplicaron por 2 mil 375 veces hasta alcanzar 950 mil millones en diciembre de 2018, sin considerar los pagos efectuados. En ese mismo periodo, las utilidades netas de los bancos rescatados y posteriormente extranjerizados rebasaron el billón 500 mil millones de pesos. Y a estas alturas, no pocos de los barones beneficiados por el Fobaproa-IPAB figuran en la lista de multimillonarios Forbes.

Sirva lo anterior para dar contexto a la nota principal de ayer en La Jornada: Se disparó 43.4 por ciento el costo del rescate bancario en el primer bimestre de 2019; el monto es ligeramente menor al gasto de salud y bienestar y casi triplica el presupuesto destinado a Sedena y Sagarpa; se destinaron 28 mil 624 millones de pesos.

Las rebanadas del pastel

Y la cuenta sigue.

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