efinir el papel de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un modelo distinto de crecimiento económico en el país es un asunto clave y ocupa un lugar prominente en los planes del actual gobierno.
La relación con la petrolera ha marcado la actividad gubernamental y el papel del Estado en el proceso de desarrollo en distintas etapas. La dependencia financiera del gobierno de los recursos extraídos mediante los impuestos fue determinante para las finanzas públicas, tanto cuando había excedentes como cuando no se generaron.
Ese modelo se agotó. El impacto adverso se ha ido advirtiendo progresivamente. La necesidad de extraer recursos de Pemex aumentó en la medida en que la producción petrolera disminuía su participación en el producto total.
En el caso del presupuesto que está en curso, en los dos primeros meses del año los ingresos petroleros del gobierno se redujeron 41 mil millones de pesos, lo que equivale a más de 32 por ciento respecto del mismo periodo de 2018. Esto significó menores ingresos totales del sector público, 3.1 por ciento por debajo en términos reales (sin contar la inflación de los precios) en el mismo lapso de tiempo.
Para la recuperación de Pemex que se plantea ahora destaca la necesidad de conseguir el aumento de la producción de crudo y la capacidad de refinación de gasolinas. Esto requiere grandes recursos para invertir en el sector y, sobre todo, una expectativa suficiente de rentabilidad económica y social.
El caso es que Pemex tiene una deuda que se estima en alrededor de 108 mil millones de dólares y una parte relevante es de corto plazo. El problema es cómo se libra ese plazo para crear condiciones más estables para la recuperación del sector. Pemex es de las petroleras más grandes del mundo con mayor deuda. Esto ocurre en el entorno de una caída de la producción de crudo que se extiende desde 2004 y con menores reservas.
Se estima que se requiere una inversión del orden de 75 mil millones de pesos para actividades de exploración y así elevar la producción en 30 por ciento en dos años como plantea el gobierno.
Además, se necesitan otros 50 mil millones para las refinerías, que ahora producen a menos de la mitad de su capacidad o bien no están en operación (Cadereyta, Salamanca, Tula, Madero, Minatitlán y Salina Cruz). Las instalaciones funcionan con menores márgenes de refinación (la diferencia entre el valor de los productos generados y el del crudo usado).
Cualquier plan de inversión sectorial y regional ha de tomar en cuenta los recursos que exija la construcción de cuando menos la refinería planeada en Dos Bocas. La cuestión se presenta dentro de la iniciativa de conseguir la autosuficiencia en este rubro del abasto de energía, ya que hoy se importa 80 por ciento de la gasolina y el diésel que se consume.
Planear estos proyectos financiera, técnica y administrativamente es una cuestión esencial. Esto incluye el tiempo requerido para cada una de las acciones que se propongan. Estas cuestiones son relevantes, sobre todo en una situación en la que la empresa genera un menor flujo de efectivo. Mantener el atractivo de la deuda de Pemex en el mercado es un elemento necesario.
Según el presupuesto federal para 2019, se estiman ingresos totales de 5.2 billones de pesos. De ellos, casi 20 por ciento proviene del sector petrolero. Esta proporción representa la mitad de lo que se registraba hace un decenio. De ahí que el esquema general del sector petrolero tenga que ser revaluado.
Para conseguir el resultado propuesto para Pemex el gobierno ha tenido que profundizar en la austeridad del gasto público, en especial el de tipo corriente, como se ha anunciado ya. El gobierno no puede extraer más excedente de la empresa, como ocurría antes. Tampoco puede elevar los precios de las gasolinas, como ha ofrecido expresamente.
El marco en que el proceso está ocurriendo es el de la reforma implementada en el sexenio anterior y en la manera en que se adaptará a la nueva política petrolera.
Un asunto que no aparece explícitamente como marco imperioso para fijar una estrategia en el sector petrolero es el planteamiento general de la política energética del país.
En dicha política, necesariamente de largo plazo y con una ruta bien concebida, es donde tiene que colocarse al sector petrolero y también el de la electricidad.
Se trata de pensar, ejecutar y mantener las alternativas para garantizar la viabilidad técnica y económica del abastecimiento de energía que sustente el crecimiento de largo plazo. De otra manera, las decisiones que se tomen hoy se convertirán en cuellos de botella a expensas del bienestar general de esta sociedad. Es, finalmente, ese mayor bienestar el objetivo fijado por el gobierno.
