Irapuato, Gto., El huachicol creció sin freno en el gobierno de Enrique Peña Nieto porque Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), llegó al cargo con una franca visión delincuencial y tiró a la basura toda la tecnología que se empleaba para detectar las fugas (drones, sistemas satelitales para conocer en tiempo real la extracción de hidrocarburos, válvulas que medían dónde y cuándo se extraía).

Juan Miguel Alcántara Soria, panista de los de antes, ex procurador estatal y ex secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, juzga que el gobierno de Guanajuato y los ayuntamientos fueron también omisos frente al robo de combustibles, en los tramos quesí les toca legalmente (sobre todo la prevención en las comunidades), y de ese modo contribuyeron a que esto alcanzara las dimensiones que hoy tiene.

Entrevistado en Irapuato, una de las ciudades de Guanajuato que más ha padecido el crecimiento exponencial de los índices delictivos, Alcántara sostiene que con Lozoya las posibilidades de castigar, perseguir o detener el robo de combustibles se fueron a cero. Lozoya iba en plan de saqueo y robó por todos lados. Todo lo que existía en los sexenios de (Ernesto) Zedillo, (Vicente) Fox y (Felipe) Calderón para investigar y perseguir el robo de hidrocarburos se tiró a la basura.

El huachicol como un negocio acotado, relativamente cerrado terminó en el sexenio de Peña. En muchas comunidades, explica, lo vieron como una mina de oro, porque a diferencia del trasiego de drogas, que requiere grandes inversiones, para el robo de combustibles basta con unas válvulas.

Gracias a eso surgió el llamado “triángulo del huachicol” cuyas líneas se extienden de Salamanca a Guadalajara y León, en cuyos alrededores hay mucho robo, especialmente frente al aeropuerto en Silao.

Luego, sostiene Alcántara, los grupos de huachicoleros comenzaron a diversificarse, a ocupar otros nichos de delitos, como ha ocurrido con el robo de vehículos en Celaya, y los robos a comercios, a domicilios y en la vía pública.

Cerrar los ojos

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, presumió sus logros en un acto reciente frente a Andrés Manuel López Obrador. Golpe de timón, llamó al operativo llevado a cabo en coordinación con fuerzas federales, aunque, en términos declarativos, nunca quedó claro cuál nivel de gobierno llevó el mando.

Más allá del juego sobre las responsabilidades en el operativo, Alcántara considera que el plan de seguridad del gobernador tiene dos grandes omisiones: una, la falta de una estrategia de coordinación con los municipios por los que pasan los ductos, un tema que ni siquiera menciona en su decálogo de seguridad.

El gobernador, con quien tengo buena comunicación, argumenta que el combate al huachicol es de competencia federal, en lo que tiene razón, pero no puede decir lo mismo del contexto social comunitario, la prevención y la contención.

La otra gran omisión es la falta de combate a los recursos de procedencia ilícita. Alcántara, ahora dedicado a la consultoría privada, recuerda que hace cinco años el entonces gobernador Miguel Márquez contrató a su despacho para elaborar las bases de una unidad de inteligencia financiera, similar a la federal adscrita a la Secretaría de Hacienda. En esa materia no se había hecho nada en Guanajuato.

Alcántara presentó un plan que daba prioridad al combate del lavado de dinero producto del robo de combustibles. El proyecto incluyó reformas legales, decretos, reglamentos, sistemas computacionales. La consultora recibió el pago por sus servicios, pero el plan nunca se puso en marcha. Sólo tras el operativo federal de principios de marzo fue que el gobernador anunció su intención de retomar el proyecto para combatir el dinero sucio, en el mismo paquete en el cual presumió la creación de dos escuelas preparatorias militarizadas.

Alcántara, procurador estatal con Carlos Medina Plascencia, duró tres años en el cargo y es un enemigo declarado de que los fiscales duren nueve años en el puesto. Le parece una tontería porque esos cargos implican un gran desgaste.

Diplomas a cambio de información

El asunto viene a cuento porque entre las herencias de Márquez –además de un sistema de videovigilancia que costó 2 mil 700 millones de pesos y no funcionó nunca– están los mandos de seguridad del estado: Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, y Carlos Zamarripa, quien ya acumulaba 10 años como procurador y va por nueve más como fiscal.

El mando real, dicen diversas fuentes, lo tiene Zamarripa, a quien el mandatario estatal ha dado repetidas muestras de respaldo, al punto de decir que por él mete las manos al fuego. Y ha añadido: “No sólo yo, también las autoridades norteamericanas meten las manos al fuego… me lo ha expresado así la gente del Plan Mérida”.

El fiscal Zamarripa, ciertamente, gusta de presumir reconocimientos que ha recibido de agencias de seguridad de Estados Unidos.

Al respecto, Alcántara dice: “Le he comentado al gobernador: ‘maestro, no seas ingenuo, las agencias norteamericanas a muchos nos han dado diplomitas para mantenernos como fuentes de información, ese es el propósito”.

Carlos Zamarripa, juzga Alcántara, es un fiscal lleno de una serie de vicios. Está totalmente enviciada la vida interna de la procuraduría, de nepotismo (la cuñada, los familiares), de amiguismo (los cuates que suben y bajan según los estados de ánimo del procurador), y por supuesto la nula investigación de la mayor parte de los delitos.

–El fiscal se dice formado en la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

–Fue a un curso de una semana, no tiene más, no sabe ni hablar inglés.

–En la embajada de Estados Unidos hablan de su buena relación con varios estados, y presumen Guanajuato.

–Los estadunidenses voltean para otro lado para no ver las irregularidades de Zamarripa, por las ventajas de información que obtienen.

Los estadunidenses afianzaron sus vínculos con los gobiernos estatales durante la administración pasada, sostiene el entrevistado, porque el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, les cerró las puertas de PGR, Hacienda y otras, y estableció una sola ventanilla.

A partir de entonces, buscaron a los gobiernos estatales y a la fecha financian y proporcionan asesoría a 12 gobiernos estatales, especialmente en lo relativo a las investigaciones de lavado de dinero.

–¿Una suerte de compra de información?

–Un mecanismo para sacar por la puerta de atrás lo que a nivel federal no les dieron. Ahora, no digo que sea información ilícita, porque ellos traen sus propias investigaciones. Puedo asegurar que los gringos saben más de las propiedades de El Chapo Guzmán que nosotros, precisamente porque tienen esta colaboración de los estados. Es información que no se les dio a nivel federal, no se las dio la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda.