Domingo 31 de marzo de 2019, p. 22
San Cristóbal De Las Casas, Chis., Ante la ausencia del ayuntamiento panista que encabezan la alcaldesa Margarita Díaz García y el síndico Hermelindo García Núñez, pobladores de 33 de las 38 comunidades de Chalchihuitán acordaron resguardar
el palacio municipal y no permitir que ingresen a sacar vehículos, computadoras, documentos u otros bienes del municipio.
Acusaron que los funcionarios municipales, que llevan seis meses en el cargo, se esconden por temor a ser retenidos, ya la exigencia de las comunidades es que construyan escuelas, caminos, así como obras de electricidad y agua potable, pero no las han realizado, además de que de que el síndico los ha excluido de las obras.
Habitantes de ese lugar ubicado en los Altos de Chiapas, dijeron que desde el viernes por la tarde sellaron los portones con hojas firmadas por los agentes municipales y desde entonces cinco comuneros de cada paraje resguardan el edificio día y noche en turnos de 12 horas. “Es importante decir que no es la toma de la presidencia municipal, sino un resguardo por la necesidad de cuidar los bienes muebles e inmuebles del municipio, a fin de evitar daños, robos o desmantelamiento de las instalaciones de la presidencia”, afirmaron.
Los inconformes entregaron esta semana un documento en el Congreso de Chiapas para exigir la destitución de las autoridades del ayuntamiento, a quienes acusan de dejar de atender a los pobladores desde mediados de marzo, cuando abandonaron las instalaciones sin justificación alguna.
En una asamblea efectuada el viernes, encabezada por el presidente de bienes comunales, Jorge Pérez Díaz, los agentes, presidentes de comités de educación y de patronatos de agua potable de las 33 comunidades inconformes, acordaron dar de plazo de 72 horas a la legislatura local para que les dé respuesta, o de lo contrario designarán un concejo municipal.
Ya no queremos que regresen los integrantes del ayuntamiento, puede decirse que ya están fuera
, manifestaron, al tiempo de señalar que los regidores tradicionales –no constitucionales– ya atienden las necesidades de la población y el juez de paz y conciliación indígena, Virgilio López Gómez, sigue laborando en los asuntos que le competen.