Desconocimiento de la población, baja participación, uso clientelar del presupuesto participativo de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos, así como la inviabilidad de proyectos que se someten a opinión de los ciudadanos, son parte del diagnóstico de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso por el que se decidió aplazar la consulta y la elección de los órganos de representación vecinal.

Los que se quiere es generar una ley que realmente empodere a los ciudadanos y facilite su interacción con las autoridades.

Los registros del Instituto Electoral de Ciudad de México refieren que en el caso de la consulta sobre el presupuesto participativo, en 2014, con una lista nominal de 7 millones 229 mil 463 capitalinos, participaron 188 mil 764, apenas 2.64 por ciento; cuatro años después, en 2018, de los 7 millones 628 mil 256 registrados sólo opinaron 246 mil 660, o sea 3.2 por ciento, expuso Donají Olvera Reyes, vicepresidente de la comisión y representante del grupo parlamentario de Morena ante el órgano electoral.

Explicó que el presupuesto participativo debe ser una herramienta orientada a proyectos en las colonias, pueblos y barrios que favorezcan la regeneración del tejido social o de la vida comunitaria y se ejerza con transparencia.

Agregó que la Ley de Participación Ciudadana debe ser accesible para todos y promover la asamblea ciudadana como un espacio para la toma de decisiones, como la misma elección de los órganos de representación y la aplicación del presupuesto participativo.