El Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas no podrá funcionar adecuadamente si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no lo dota de recursos humanos y económicos suficientes, advirtieron la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) y Brigadas Internacionales de Paz (BIP).

En un comunicado conjunto, las organizaciones civiles señalaron que un informe reciente elaborado por ambas deja ver las principales fallas del mecanismo y presenta recomendaciones para mejorarlo y acabar con la violencia en el país.

El estudio, elaborado por Gina Hinojosa, Virry Schaafsma y Maureen Meyer, alerta que el mecanismo no ha podido proporcionar protección adecuada a los defensores y periodistas en riesgo o abordar las causas fundamentales de las amenazas y ataques que sufren, en gran medida por falta de recursos económicos. Un ejemplo de ello es que el gobierno mexicano no ha dedicado suficientes recursos para fortalecer el programa de protección, a pesar de que seis personas inscritas en el mecanismo han sido asesinadas desde agosto de 2017.

Además, en ese instrumento sólo 35 personas supervisan la protección a 831 periodistas y defensores, mientras en 2019 se le recortaron más de 50 millones de pesos de presupuesto en comparación con lo que se gastó en 2018.

El mecanismo no puede abordar sus deficiencias con los recursos humanos y presupuesto actuales. Proporcionar fondos adicionales sería el primer paso que el gobierno mexicano puede tomar para garantizar que el mecanismo cuente con los recursos necesarios a fin de manejar su creciente carga de trabajo, subrayó Hannah Matthews, coordinadora de comunicaciones de BIP.

El informe también documentó que entre 2012 y junio de 2018 menos de 3 por ciento de las investigaciones iniciadas por las fiscalías y procuradurías estatales llegaron a los tribunales.

Además, menos de 12 por ciento de las mil 77 investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión en ese periodo fueron llevadas a juicio y sólo cinco casos –menos de uno por ciento– resultaron en sentencias condenatorias.