Las secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente no se han pronunciado sobre la acción colectiva que organizaciones y científicos presentaron hace cinco años para proteger el maíz, proceso judicial que se inició para proteger a este grano de los cultivos transgénicos, y que se encuentra en la fase de presentación de pruebas, previo al inicio de las audiencias. Esto ocurre a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su rechazo al uso de transgénicos.

Con la presentación de la acción colectiva en 2013, un juez determinó la suspensión en la entrega de permisos de cultivo de maíz transgénico, cuando estaban por otorgarse para la siembra comercial, aunque desde 2016, podría sembrarse con fines científicos. En este caso, indican las organizaciones, podría suspenderse el proceso si los tribunales detectan que las medidas de bioseguridad son ineficaces.

Hasta el año pasado, las empresas trasnacionales demandadas Monsanto, Syngenta, Dow Agrosciences y PHI México o Dupont, así como la Secretaría de Agricultura presentaron 15 juicios de amparo para sembrar transgénicos, pero no ganaron ningún recurso.

Ahora, previo al comienzo de las audiencias, que iniciarán en unos dos meses, cuando se desahoguen tres recursos de revocación, las partes, empresas y organizaciones, han presentado alrededor de 40 pruebas. Por parte de las organizaciones hay estudios científicos que revelan la imposibilidad de la coexistencia entre el maíz transgénico y el tradicional, como los que ha realizado Alma Piñeyro del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicaron Adelita San Vicente de Semillas de Vida y el abogado David Rivero.

Aún sigue pendiente la definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante su primera sala para determinar si decidirá sobre la constitucionalidad de la ley aplicada o si también analizará todos los cuestionamientos en contra de la orden judicial que suspendió el cultivo de maíz transgénico.

A las audiencias se llega con las pruebas amañadas de la contraparte, las empresas presentaron estudios incompletos y traducciones manipuladas, en las que se omiten las partes que podrían beneficiar la demanda de las organizaciones, se borran párrafos completos, indicaron. El juzgado desechó el amparo de las organizaciones que pedía se presentaran los documentos completos, con el argumento que eso era parte de la sentencia.

Con la demanda de acción colectiva las organizaciones buscan que los tribunales federales declaren que la liberación o siembra de maíces transgénicos dañará el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos, de las generaciones actuales y futuras; así como los derechos a la alimentación, a la salud y de los pueblos originarios. La finalidad es que se rechacen los permisos de liberación o siembra de maíz transgénico.

En cinco años se han superado las etapas de admisión preliminar de la demanda, certificación de la demanda –fase en la que Sagarpa, Semarnat y empresas presentaron 11 juicios de amparo–, conciliación, ofrecimiento y preparación de pruebas.