Con la publicación del decreto que entra en vigor hoy, la Guardia Nacional ya está conformada legalmente. Sin embargo, el proceso de transición al nuevo cuerpo de seguridad tardará cinco años.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Congreso tiene 60 días naturales para expedir las leyes de dicho organismo y otros 90 para aprobar las normas que reglamenten el uso de la fuerza y el registro de detenciones.

La Ley determinará la estructura orgánica y dirección de la Guardia Nacional, instrumento importante e imprescindible para tener mayor capacidad en el combate a la inseguridad, explicó.

En tanto, policías navales, militares y federales ya operan en acciones de seguridad; esto es, que el Presidente de la República podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública durante los siguientes cinco años, tiempo estimado que dure la transición.

Ya conformada la corporación, como establece el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad pueden abrir la convocatoria para el reclutamiento de 20 mil efectivos.

La SSPC proyecta contar a finales de año con 80 mil elementos (18 mil de la Policía Federal, 35 mil de la militar y 8 mil de la naval) desplegados en las 266 regiones en que fue dividido el país; en cada una habrá entre 300 y 600 agentes, dependiendo de su extensión e índice delictivo.

Cabe recordar que la Guardia Nacional dependerá de la SSPC y su mando será designado por el Presidente de la República; ya sea militar o civil, hombre o mujer.

El decreto menciona que la Federación contará con una institución policial de carácter civil que actuará en coordinación y colaboración con las entidades federativas y municipios, así como en la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación.

Por otra parte, la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, el imperio de la ley, el mando superior y, en lo conducente, la perspectiva de género.

Precisa que los elementos de las policías militar y naval que sean asignados a la nueva corporación conservarán su rango y prestaciones. Además, la ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, se haga con respeto a los derechos con que contaba al momento de ser asignado.