Buenos Aires. A medida que crece el escándalo por la red de extorsión y espionaje descubierta gracias a la denuncia de un empresario bonaerense, que podría hacer caer varios casos armados ilegalmente, la justicia pro gubernamental aumenta la presión contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y un tribunal federal impuso una prórroga de 15 días, que se cumplen el 4 de abril, para que su hija Florencia regrese de Cuba, donde se encuentra en tratamiento médico, a pesar del informe de los peritos de la Corte Suprema que convalidaron el diagnóstico de los profesionales cubanos y establecieron que no puede viajar en avión en estas circunstancias.

El gobierno del presidente Mauricio Macri, fuertemente comprometido en la red de extorsión y espionaje ilegal que se investiga, intenta desviar así la atención de la opinión pública, con la ayuda de poderosos grupos de medios de comunicación del país, varios de ellos implicados también en dicha trama corrupta.

La hija de la ex presidenta se encuentra en Cuba para atenderse diversas dolencias, debido a la persecución judicial que le ha provocado trastornos de estrés postraumático; la defensa de la joven había solicitado 45 días, de acuerdo con las necesidades del tratamiento, lo que los peritos acordaron pidiendo la historia clínica en 30 días.

Pero los jueces Daniel Obligado, José Martínez Sobrino y Adriana Palliotti solicitaron que en siete días se presente la historia clínica completa y los estudios a los que Florencia Kirchner fue sometida en la isla.

Florencia sufre estrés postraumático y otros problemas que también han afectado sus piernas, por lo que los médicos cubanos advirtieron que no está en condiciones de viajar en avión.

Todo esto sucede cuando este martes el fiscal Carlos Stornelli, cada vez más comprometido con el falso abogado y agente Marcelo D’Alessio, detenido por su implicación en la mencionada red, se negó a presentarse por tercera vez ante el juez Alejo Ramos Padilla, a quien acusó de incompetencia.

Esto fue rechazado por Gómez Padilla, quien sigue adelante con la causa, a pesar de que el gobierno de Macri pide someterlo a juicio político, al no poder arrebatarle la causa de extorsión y espionaje que involucra al gobierno, lo que aumenta el escándalo.

Otro empresario, Mario Cifuentes, se presentó ante Ramos Padilla y denunció con pruebas que D’Alessio le pedía más de un millón de dólares como extorsión para que el fiscal Stornelli no lo implicara en la causa ilegal de las fotocopias de unos cuadernos que no existen. El relato pormenorizado de Cifuentes demostró una guerra sucia de la cual hay gran cantidad de víctimas y responsables, entre ellos la diputada Elisa Carrió, quien este martes se burló de la enfermedad de Florencia Kirchner y del gobierno de Cuba.

Carrió y la diputada Paula Olivetto, ambas de Coalición Cívica de la gobernante alianza Cambiemos, están involucradas por pruebas en la red de extorsión y espionaje. Carrió y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, esta última víctima de espionaje de su propio gobierno, pidieron la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

A medida que pasan las horas, la responsabilidad de la AFI que dirige Gustavo Arribas, amigo cercano de Macri, resulta más que evidente en esta causa que, además, está originando, a la par que la gravedad de la crisis económica, un fuerte rechazo en la Unión Cívica Radical, el principal aliado de Cambiemos. Los dirigentes, tanto de Córdoba como de Buenos Aires, se expresaron por la posibilidad de un rompimiento de la coalición de gobierno.

Macri no quiere introducir cambios. Parece decir que todo está bien como está. Eso equivale a afirmar que 7 mil 600 millones de presupuesto para la AFI no se tocan. La impunidad de su manejo, cuya rendición de cuentas es vidriosa, tampoco. Lo que se negoció, entonces, puede pasar por sacar de la mira a la gobernadora (Vidal) con aspiraciones presidenciales pero sin tocar el organismo y su función. Lo dijo el jefe, señaló el analista Alejandro Tarruella en el portal Inofobaires 24.

“D’Alessio estalló y su suerte está en manos de la justicia. Sus revelaciones salpican al fiscal Carlos Stornelli y prácticamente destruyen la causa de ‘los cuadernos’, la cual hacen ver como un montaje, y el presidente no pide justicia, por el contrario, pretende echar al juez Ramos Padilla y subrayar la labor de D’Alessio, Stornelli y la banda que los acompaña. Todo esto significa el fin del estado de derecho, algo que ya afirman dirigentes políticos y hombres de la justicia”, añadió Tarruellas.

Sostiene además que el presidente tiene una particular obsesión por los espías. Enfrenta ya una causa por escuchas en la que fue favorecido por sus amigos de laFojusticia. Había llegado a utilizarlas para hacer seguimiento incluso de sus familiares. Si la AFI desaparece en estas circunstancias, podría armarse un nuevo organismo, pero él no tendría el manejo absoluto del mismo, aunque algunos resortes fueran a manos de Carrió, de Vidal o algún dirigente de Cambiemos. Y él, por lo visto, quiere sostener el manejo absoluto, privado y personal del organismo.