La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) calificó como fundamental que las más altas esferas del poder público federal, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hayan reconocido públicamente la gravedad que representan las desapariciones en el país, lo que deja atrás los intentos de administraciones pasadas de negar o minimizar el problema.

En un pronunciamiento público, la organización saludó la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP) –que se anunció el domingo en la ceremonia encabezada por el mandatario federal– y los compromisos adoptados por su gobierno en torno al tema.

La búsqueda efectiva y la localización de las personas desaparecidas constituyen la principal demanda de las familias y una obligación primaria y apremiante del Estado mexicano, indicó Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.

Agregó que en esta nueva etapa el Estado mexicano debe fortalecer su vinculación con los organismos internacionales especializados. En particular, exhortó a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para conocer de comunicaciones individuales –proceso que la cancillería mantiene pendiente–, así como concretar la visita oficial de ese comité, solicitada desde 2013.

Además, la organización llamó a las autoridades estatales a adoptar un serio compromiso en el ámbito de sus competencias para favorecer la construcción de un sistema nacional de búsqueda genuino, vigoroso e integral.

Dijo que es fundamental que las instancias de procuración de justicia federal y estatales tomen las medidas necesarias para acabar con la impunidad y que ahora el rastreo sea responsabilidad del Estado, así como el compromiso de asignar los recursos para esa tarea y la necesidad de investigar de forma exhaustiva e imparcial todos los casos.