El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que si se hace mal la reforma para permitir la revocación de mandato, se puede abrir la puerta a la inestabilidad política. Por ello, recomendó analizar la experiencia internacional sobre el tema y buscar que la iniciativa tenga el mayor consenso posible de las fuerzas políti-cas, porque eso le va a dar la solidez y legitimidad política que de otra manera no tendría.

Luego de inaugurar el seminario Los estados en 2018. Contexto federal y desafíos en los procesos locales, dijo que cuando una reforma se hace de manera rápida, poco pensada y sin medir las consecuencias, se podría abrir la puerta a lo que hoy da gobernabilidad democrática, es decir, a dejar de tener un sistema que ha permitido procesar la pluralidad política y que hoy haya elecciones ciertas, transparentes y pacíficas.

Córdova recordó que en algún momento se incluyó la revocación del mandato en la legislación de San Luis Potosí y después se eliminó. Vale la pena analizar por qué se introdujo y por qué se retiró, puntualizó, y añadió que el riesgo de que una reforma no tenga los efectos que se buscan es mayor cuando no se hace un análisis sobre lo que ha pasado en otros lados del mundo.

Por otra parte, informó que a partir de marzo se redujeron los salarios de los trabajadores del INE atendiendo lo que estableció el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y los tabu-ladores que aprobo la Junta General Ejecutiva del instituto. Precisó, sin embargo, que los pagos también se realizan con apego a las decisiones de la justicia, en alusión a quienes obtuvieron amparos contra la disminución salarial y cuyas percepciones son superiores a lo que gana el presidente de la República.

En un estado democrático, un órgano autónomo es el que decide cómo se reducen los sueldos, y no alguien por fuera. Eso es una vulneración a nuestra autonomía y por eso hemos apelado a la justicia federal, explicó el consejero.

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece que ninguno tendrá un salario mayor al del presidente. La disposición generó cientos de amparos de funcionarios gubernamentales contra la reducción que ello implica.