Las consultas que pretende realizar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el proyecto del corredor multimodal interoceánico para unir los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, violentan los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas, porque este procedimiento se está realizando de forma acelerada e impide que los habitantes del Istmo conozcan realmente en qué consiste el proyecto y sus alcances.

La Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca y otros organismos sociales denunciaron lo anterior tras advertir que levantaron una alerta en el Istmo de Tehuantepec, porque la Federación pretende realizar una consulta amañada, con la finalidad de que se apruebe el referido proyecto que contará con infraestructura ferroviaria, carretera y portuaria.

En un pronunciamiento, 23 organizaciones defensoras de los derechos humanos señalaron que la administración federal, mediante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a cargo del oaxaqueño Adelfo Reino Montes, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pretenden hacer una consulta exprés el próximo 30 de marzo en cinco comunidades del Istmo y, el 31, en tres del estado de Veracruz.

La urgencia, dijeron, impide que los pueblos y las comunidades nos informemos de manera adecuada y utilicemos nuestras propias formas de organización comunitaria y de construcción de acuerdos, como la Asamblea Comunitaria.

Además, no han presentado la información del proyecto en la len-gua materna de cada una de las zonas por donde pretenden realizar la obra ni se les ha informado de las afectaciones que podría traer a las comunidades en los aspectos ambiental, cultural y social, sólo exponen los supuestos beneficios.

En tanto, la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), del municipio de Unión Hidalgo, alertó de una posible violación de los Derechos Humanos en la primera consulta indígena que hará la Secretaría de Energía (Sener) para instalar el parque eólico Gunna Sicarú, propiedad de la empresa Eólica Oaxaca”, filial de Eólica de Francia (EDF) con una inversión de 600 millones de dólares.

En abril de 2018 la Sener convocó, por primera vez, a la primera asamblea comunitaria; sin embargo, los opositores eólicos se ampararon y justificaron que no había condiciones para realizar una consulta porque la población estaba en reconstrucción. Con el terremoto del 7 de septiembre de 2017, 70 por ciento de las viviendas colapsaron.

La Sener no consultó la fecha en que se reactivaría la consulta, simplemente lo impuso y dijo que sería este sábado 23 de marzo a las 10 horas, tampoco entendemos por qué no hay seguridad cuando el clima social es tenso; nos lo han reportado los defensores y nosotros lo estamos percibiendo, expresó Elena Villafuerte, coordinadora de análisis e incidencias de Prodesc.

Con información de Fernando Camacho