En la Cuenta Pública 2017, los 32 estados de la República no lograron comprobar el uso adecuado de más de 27 mil 800 millones de pesos por gastos federalizados, tanto de transferencias etiquetadas como de recursos de libre disposición, de acuerdo con estudios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El informe general ejecutivo de la entidad revisora del gasto alerta que en 2017 los gobiernos de las diversas entidades federativas tuvieron observaciones por 27 mil 231 millones de pesos por lo que se refiere al llamado gasto federalizado programable, es decir, aquel que se integra por transferencias etiquetadas para un uso en particular.

Por otra parte, la ASF realizó señalamientos por 620.6 millones de pesos por concepto de participaciones federales, los cuales son recursos que los gobiernos estatales pueden utilizar libremente para las haciendas públicas locales.

En el gasto federalizado programado, las entidades que acumularon mayor cantidad de observaciones, y que por tanto tuvieron un gasto menos eficiente de los recursos que recibieron, son los estados de México, Michoacán y Coahuila, pues entre las tres recibieron más de 40 por ciento de las indicaciones de la ASF.

La primera de dichas entidades tuvo observaciones por 5 mil 162 millones de pesos (19 por ciento del total), muchas de ellas referentes a casos de debilidad en el manejo y aplicación del dinero obtenido por participaciones federales, ya que se usaron cuentas bancarias indebidas para manejar esos recursos o llevaron a cabo un registro contable deficiente.

En Michoacán, en 2017 hubo señalamientos por 3 mil 885.9 millones de pesos (14.3 por ciento del total). Al revisar las auditorías realizadas en dicha entidad es posible notar que las supuestas irregularidades ocurrieron en ámbitos como los apoyos a centros educativos, el manejo del Programa de Inclusión Social Prospera y los recursos al sector salud.

Por lo que se refiere a Coahuila, ese estado acumuló observaciones por mil 958.6 millones de pesos (7.2 por ciento de las que recibieron todas las entidades), las cuales se relacionan con temas como los subsidios federales para organismos descentralizados estatales, el apoyo a centros y organizaciones de educación y las aportaciones para los servicios de salud.

La ASF destacó que la importancia del gasto federalizado es tal que alrededor de 86 por ciento de los ingresos totales de las entidades federativas y 70 por ciento de los de los municipios dependen de dicha entrada de recursos, aunque en el caso de los municipios más pobres llega a ser hasta de 90 por ciento.

Dichos recursos, en teoría, deben sustentar actividades primordiales de gasto social, como educación básica, salud, educación para adultos y elaboración de desayunos escolares.

Asimismo, agregó que a pesar de las irregularidades presentadas en todos los estados de la República al momento de ejercer el gasto federalizado, los fondos de ese rubro crecieron 4.2 por ciento en términos reales cada año, en el periodo que va de 2000 a 2017.