s casi inexplicable lo que acaba de ocurrir en Ecuador. Faltando apenas cuatro días para las elecciones, el Consejo Nacional Electoral del país sudamericano decidió que cada voto nulo debería ser contado como si fueran tres votos y así aumentar exponencialmente las posibilidades de anular la inminente victoria de los candidatos de izquierda para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo responsable de los concursos de mérito y oposición para todas las autoridades de control como fiscales, jueces, contralor, etcétera.

Lenín Moreno convocó un referendo en abril de 2018 con el objetivo de destituir y nombrar a dedo a las más altas autoridades del país, incluyendo jueces y fiscales. Ese procedimiento es una violación al Estado de derecho, ya que está explícito en la Constitución vigente que esos cargos deben ser ocupados mediante concurso público de méritos y oposición. El objetivo era nombrar un personal próximo a Moreno que iniciara una persecución política al presidente Rafael Correa y a importantes miembros de su gabinete con el objetivo de matar políticamente la Revolución Ciudadana. La misión de observadores de la OEA indicó que ese referendo fue realizado sin el dictamen de la Corte Constitucional, lo que reafirma su inconstitucionalidad. Para estos gobiernos neoconservadores, que llegaron a las presidencias de los países liderados por proyectos de cuño popular, la implementación de un proyecto neoliberal sólo se puede lograr a partir del atropello a la legalidad con el apoyo de las empresas privadas de comunicación. Y eso se explicita en Ecuador de manera exageradamente vergonzosa.

Parte del plan de Moreno era convocar elecciones para que fuera la sociedad quien eligiera a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que Moreno no se esperaba era que con una inmensa ventaja los candidatos de la izquierda estuvieran para ser electos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es parte de una función del Estado que permitirá frenar en cierta forma la persecución judicial contra la izquierda ecuatoriana. Y lo que todo indica es que usarán cualquier subterfugio ilegal, amoral e inconstitucional para no permitir que la voluntad de la gente sea una amenaza para sus planes.

Fue así que Moreno entregó la sede de Unasur, que es un edificio público y no es propiedad del Ecuador, a una universidad privada de sus aliados políticos, pisoteando acuerdos y leyes internacionales, con la certeza de que no enfrentarán a la justicia nacional ni internacional. Moreno ha entrado a la historia de la región con acciones reprochables. Así como desapareció Unasur, un organismo de integración regional indispensable para enfrentar el poder político y económico del Norte. Moreno también atropelló las negociaciones para un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Durante el proceso que avanzaba en firme, por obedecer órdenes de Estados Unidos suspendió la mesa y expulsó a los equipos negociadores. Jamás se había visto que un país garante y sede de las negociaciones para un acuerdo de paz actuara de esa manera. A partir de la suspensión se generó una grave crisis que ha postergado indefinidamente el fin del conflicto con los elenos.

Y qué decir del caso Julian Assange, en el que Moreno ha dicho públicamente que lo quiere entregar. Ha suspendido durante meses todos los derechos de que Assange gozaba como refugiado del Ecuador. Prohibió la visitas, acceso vía telefónica, al Internet, a libros, revistas etcétera. Assange está en una condición que emula a los detenidos ilegales por Estados Unidos en la base de Guantánamo. Su objetivo es forzar a que Assange se quiebre y salga de la embajada para ser detenido por el Reino Unido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado que el Ecuador no puede entregarlo y debe resguardar su integridad física.

En Ecuador no hay un Estado de Derecho y se ha transformado en una tierra sin ley.

* Comunicólogo .