Madrid. La Fiscalía General del Estado español inició acciones penales contra el presidente de la Generalitat, el nacionalista Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia tras sus reiteradas negativas a limpiar los edificios públicos de carteles o lazos con fines partidistas. De su lado, Torra anunció una querella judicial contra la Junta Electoral Central (JEC) por un supuesto delito de prevaricación por su decisión de ordenar que se garantizara la neutralidad en los edificios públicos durante el periodo electoral ante los comicios del 28 de abril.

El nuevo conflicto entre el gobierno independentista catalán y la justicia española se debe a unos lazos, carteles y pancartas que hacen alusión a los presos políticos y exiliados, en referencia a los 12 dirigentes que son juzgados en el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, malversación, desobediencia y sedición, y quienes están refugiados en otros países europeos.

Lazos amarillos

La JEC dictó un auto judicial la semana pasada, en respuesta a una querella presentada por el principal partido de la oposición en Cataluña, el españolista Ciutadans, en el que se solicitaba la intervención del órgano electoral para que se eliminen de los edificios públicos del gobierno catalán los carteles vinculadas al movimiento independentista.

Desde que se inició el proceso judicial contra los dirigentes políticos que llevaron a cabo la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre del 2017, en los edificios de las instituciones catalanas se han colgado desde lazos amarillos, carteles con las fotos de los líderes presos y refugiados y pancartas reclamando libertad de expresión.

Torra, decidió no acatar la orden de la JEC hasta no tener un informe que solicitó al Defensor del Pueblo catalán (Síndic de greuges), Rafael Ribó, afín al independentismo, quien finalmente dio la razón al órgano electoral, al concluir que se debe garantizar la máxima neutralidad en periodo electoral.

Sin embargo, Torra se limitó a cambiar las pancartas, primero poniendo una con un lazo blanco y exigiendo libertad de expresión y después cambió por otra que cuelga actualmente de la fachada de la Generalitat, en la que cita el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se refiere a garantizar la libertad de opinión y de expresión, por considerar se le está vulnerando este derecho con las medidas judiciales en su contra.

Torra podría ser condenado a una pena de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a pagar una multa hasta de 3 mil euros.