El consejo general (CG) del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer criterios para evitar que los programas sociales y los recursos públicos se usen para presionar y coaccionar el voto en los seis estados donde habrá elecciones en junio.

El documento retoma lineamientos de la legislación en la materia, tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y resolutivos del propio INE para recordar a los actores políticos aquellas acciones prohibidas.

Por ejemplo, señala que los programas sociales, servicios y obras públicas que realiza el gobierno en cualquiera de sus tres niveles no pertenecen a ningún partido, coalición o candidatura alguna, dado que se pagan con los impuestos de la población.

Juego democrático

A dos semanas del inicio de las campañas locales, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, explicó que es indispensable que todas las instituciones, gobiernos y actores políticos y partidistas respeten las reglas del juego democrático si se quiere contribuir a que los comicios se desarrollen conforme a los principios constitucionales de equidad e imparcialidad.

Luego de que la representación de Acción Nacional se quejó de que el actual gobierno sigue en campaña y el Revolucionario Institucional aseguró que los programas sociales de la Federación tienen carácter político-electoral, recordó a los partidos que ninguno de ellos está fuera de los espacios de gobierno del país. Agregó que todos tienen al menos alguna administración municipal en la que manejan recursos públicos, por lo que deben cumplir las disposiciones constitucionales y reglamentarias.

Los consejeros electorales señalaron que los criterios no exceden las atribuciones del INE, argumento usado el año pasado por el TEPJF para revocar un documento similar, conocido como de cancha pareja.

Previamente, el CG determinó que los partidos y candidatos independientes deberán regresar a las tesorerías de la Federación y de los estados 54.6 millones de pesos remanentes del financiamiento público de campaña que no ejercieron en 2018. La devolución deberá hacerse cinco días después de ser notificados. Del monto total, 50 millones corresponden a partidos en los estados, 1.5 al ámbito nacional y 3 millones a los independientes.

También se aprobó el inicio de procesos sancionadores contra candidatos independientes que tienen cuentas por pagar de 20.8 millones de pesos, ya que éstas se toman como aportaciones que fueron a parar a sus campañas.