El Senado aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal en materia de inhabilitación definitiva y temporal a servidores públicos y personas físicas y morales que participen en actos de corrupción.

El dictamen, también conocido como muerte civil a funcionarios públicos y políticos corruptos, establece modificaciones a los artículos 78, 81, 84 y 89 de la ley de responsabilidades administrativas y el artículo 212 del Código Penal Federal.

Con esos cambios se faculta al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a inhabilitar de forma permanente (la sanción más severa) a servidores públicos y a particulares que cometan faltas graves en perjuicio de las finanzas públicas por más de mil 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 126 mil 735 pesos.

La inhabilitación temporal se establecerá únicamente cuando no se cause daño o perjuicio ni exista un beneficio o lucro indebido y el monto afectado o de beneficio obtenido sea menor a mil 500 veces la U MA.

El presidente de la Comisión Anticorrupción, Clemente Castañeda (MC), presentó los dictámenes y recordó que ambas fueron propuestas de su partido y Acción Nacional durante la campaña, que hoy se hacen realidad. Destacó que con esta reforma, efectivamente podríamos sancionar todo lo relacionado con Odebrecht, la estafa maestra y muchos otros actos de corrupción que, desafortunadamente, no tienen en este momento un castigo ni sanción enérgica.

Durante la discusión en el pleno y ante las críticas del PAN a la política de combate a la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador, la senadora Jesús Lucía Trasviña (Morena) respondió a los legisladores del blanquiazul: son cínicos, eso es lo que son. Lamento que estén en el Senado con una investidura que no les corresponde; sátrapas, ratas, entrelucidos, así se los digo y se los sostengo; no les tengo miedo, cabrones.