El intento de espionaje digital contra Griselda Triana, esposa del periodista Javier Valdez, es una muestra de la indolencia del anterior gobierno federal y de la empresa israelí proveedora de tecnología frente a las denuncias que se han presentado contra el sistema Pegasus.

Así lo consideraron las organizaciones que acompañan las investigaciones del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, que ha documentado 25 casos de espionaje digital a través de esta tecnología que presuntamente fue usada por dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los organismos civiles –que también apoyan las querellas penales interpuestas por algunos de los afectados por el malware– exigieron a que no haya impunidad en estos casos. Es de recordar que la primera denuncia se presentó el 19 de junio de 2017 ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, de la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía (FGR).

El miércoles pasado se dio a conocer que una nueva investigación del Citizen Lab evidenció que apenas unos días después del asesinato del Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa (el 15 de mayo de 2017), su compañera de vida fue objeto del intento de espionaje digital con Pegasus.

Los días 25 y 26 de ese mes Griselda Triana recibió mensajes de texto en su teléfono móvil, que tras el análisis de los expertos de la Universidad de Toronto se pudo comprobar que tenían enlaces relacionados con la tecnología de Pegasus.

Esta revelación reafirma la existencia de un patrón sistemático de uso de los sistemas de vigilancia gubernamentales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, que no debe quedar en la impunidad, subrayaron el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y SocialTIC, entre otras, en un pronunciamiento conjunto ante el caso de Triana.

Agregaron que mientras esos abusos no sean esclarecidos a cabalidad, continuarán representando un serio obstáculo para el ejercicio del periodismo libre, un grave riesgo para quienes han sido atacados por Pegasus y una seria amenaza contra las instituciones democráticas.

Exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador instalar un mecanismo independiente de investigación que cuente con la participación de organizaciones internacionales, y que la FGR rencauce la indagatoria y que ésta sea expedita e imparcial.