Monterrey, NL., Representantes de 198 trabajadores de la refinería Héctor Lara Sosa, ubicada en Cadereyta, Nuevo León, denunciaron que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) los estafó al tramitarles préstamos que en realidad eran becas, lo que motivó su despido de la empresa productiva del Estado.

Relataron que entre octubre y noviembre de 2018 dirigentes del STPRM les ofrecieron préstamos de 50 mil 961 pesos y lo recibieron en diciembre. No les pidieron más requisito que su nombre y número de empleado.

A principios de febrero Luisa Fabiola Kernion, del departamento de personal, les informó que como no usaron el dinero para estudiar serían investigados por fraude y robo a la nación.

Los trabajadores acudieron al sindicato, que dirige Rafael Ortuño González. Se les dijo que si devolvían los recursos no tendrían problema. Sin embargo, la semana pasada, entre el 15 y el 16 de febrero, Petróleos Mexicanos (Pemex) les notificó que estaban despedidos.

Todos nos sorprendimos porque además nos dieron una lista de escuelas de Cadereyta a las que supuestamente nos inscribimos para tomar clases de inglés, bachillerato y otras, pero esos documentos nadie los reconoció. Algunos pudieron devolver dinero; otros sólo una parte y unos más ya lo habíamos gastado y tuvimos que endeudarnos para no perder el trabajo, pero aun así nos despidieron, señaló uno de los afectados.

Agregó que los despedidos tenían hasta 20 años de antigüedad y aceptó que también les ofrecieron no cobrarles el préstamo de 50 mil pesos a cambio de recibir sólo 30 mil.

Miguel Ángel Rivera, integrante del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, declaró: “Los del sindicato dijeron a los compañeros que les darían préstamos de 50 mil 961 pesos, pero que depositaran en una cuenta 20 mil.

Los compañeros tienen miedo a revelar el número de cuenta. Les dijeron que se atuvieran a las consecuencias porque saben que tienen familias y todos podrían resultar dañados, explicó el líder de la organización disidente del gremio.

Ahora, además de las penurias económicas por haber devuelto el préstamo, perder 20 mil pesos y no tener trabajo, los afectados enfrentan un posible proceso judicial por fraude.