En la preparación del programa nacional de derechos humanos 2019-2024, la Secretaría de Gobernación (SG) pondrá énfasis en el grave nivel de violencia contra las mujeres, así como en el reto que representa el registro de más de 40 mil personas desaparecidas y la prevalencia de la tortura en el sistema de procuración de justicia.

El tema de la violencia contra las mujeres es fundamental: siete mueren de manera violenta en México cada día, señaló en entrevista Estefanía Hernández Ceballos, directora de Política Pública de Derechos Humanos de la SG.

Antes, durante un foro hacia a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la funcionaria criticó la falta de compromiso de gobiernos anteriores.

Gobernación, dijo, ha sido testigo del desarrollo del México posrevolucionario y de un régimen que se perpetuó en el poder, que renunció a gobernar para todos y se benefició a costa del sufrimiento de las mayorías.

La SG es testigo del fin de un régimen y el inicio de uno nuevo que tiene como origen al pueblo que, cansado de abusos y excesos, decidió poner fin a ese episodio. Dejamos atrás la etapa en la que para el gobierno los derechos humanos eran sacrificables en aras de la preservación de sus privilegios, los tiempos en los que el régimen autoritario los veía como amenaza para su subsistencia.

En la inauguración del foro, Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, destacó la importancia de plataformas y métodos para informar de manera periódica a la sociedad respecto de las acciones implementadas.

Esto, con la intención de vigilar que los resultados esperados sean favorables a la garantía, protección, respecto y promoción de los derechos humanos, dijo.

De manera simultánea se realizaron en la SG foros de los temas igualdad de género, inclusión y no discriminación, y el relativo a los derechos de menores de edad.

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, dijo que el compromiso de cada Estado comienza con la aplicación de los instrumentos internacionales, pero sobre todo a destinar presupuesto y crear mecanismos que aseguren su cumplimiento.

Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se refirió a la necesidad de ampliar el marco jurídico y ratificar documentos internacionales, así como formular un plan nacional con perspectiva de niñez y adolescencia.