Buenos Aires. La Cámara Federal porteña ratificó la falta de mérito de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de la ruta del dinero K en coincidencia con la resolución tomada antes por el juez Sebastián Casanello, quien ya la había desvinculado, y que se abrió por denuncias del periodista Jorge Lanata, utilizando la declaración de un falso arrepentido, y de Daniel Santoro, del diario Clarín, implicado en la red de extorsión y espionaje descubierta en febrero pasado, quien escribió el libro La ruta del dinero K en el cual acusa a la hoy senadora de tener cuentas en el exterior, lo que resultó totalmente falso.

Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, los jueces que decidieron la falta de mérito, sostienen que no hay ningún elemento para procesar a la acusada, ni para sobreseerla, considerando que la investigación incompleta no permite determinar su responsabilidad en la causa, por la que también mantienen detenido al empresario Lázaro Báez.

El hombre de negocios fue detenido en 2016 al bajar de un avión privado en Buenos Aires para presentarse a una indagatoria judicial. Curiosamente fue arrestado en un espectacular montaje de seguridad y de periodistas cercanos al gobierno, al considerar que podía fugarse, lo cual resultaba irracional, ya que venía desde la provincia de Santa Cruz para ser interrogado. ¿No hubiera sido un disparate llegar al aeropuerto si quería fugarme, cuando estaba en el extremo sur del país?, dijo Báez en esos momentos a sus abogados.

Con la detención ilegal de Milagro Sala en la provincia de Jujuy, en enero de 2016, y el de Báez, con la aplicación indebida de la prisión preventiva, comenzó un periodo de irregularidades y abusos judiciales, que parece haber llegado a un límite.

Báez lleva tres años detenido, lo cual viola todas las normas, y en una indagatoria sostuvo que su amistad fue con el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, pero no con su esposa, con quien se le sometió a proceso por supuestamente haber integrado una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad.

Siguen las presiones del Ejecutivo al Judicial

En este contexto, siguen las presiones del gobierno para salvar al fiscal Carlos Stornelli, implicado en la investigación por las extorsiones del operador judicial Marcelo D’Alessio, detenido en lo que es hasta hoy el mayor escándalo político-mediático-judicial en democracia.

Stornelli no se presentó a la segunda citación de Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores, provincia de Buenos Aires –a quien el presidente Mauricio Macri pide remover– en la pesquisa sobre la red de extorsión, espionaje y otros delitos, porque figura en documentos y llamadas, como alguien muy ligado al agente y falso abogado Marcelo D’Alessio, principal detenido en este caso.

La maniobra de este día fue que Julián Ercolini, otro de los jueces cercanos al oficialismo, a quien se denegó entregar la causa que lleva adelante Ramos Padilla, solicitó pasarla a manos del más polémico de todos los magistrados, Claudio Bonadío. El mismo que cada día presenta una nueva causa contra Fernández de Kirchner y que también resulta protagonista de esta red que se investiga, al manejar arbitrariamente la causa de las fotocopias, que desde el principio está marcada porque nadie vio los presuntos originales, ya que el ex chofer que supuestamente escribió los cuadernos, los quemó.

La diputada Elisa Carrió, dirigente de la Coalición Cívica, que integra la alianza oficialista Cambiemos, demandó a D’Alessio por enriquecimiento ilícito y evasión.