En octubre de este año el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac) perfila tener listo un observatorio de derechos de pueblos originarios con la finalidad de monitorear las condiciones de este sector en los países de la región, señaló Mirna Cunningham, presidenta del organismo.

Expuso a La Jornada que si bien América Latina es de las regiones que tiene mayor avance en normativa de reconocimiento de los derechos de esta población, pero también es una de las áreas geográficas en donde tenemos una enorme brecha entre ese reconocimiento y los instrumentos que cumplan la promoción y el ejercicio de esas garantías.

Indicó que los presupuestos escasos que destinan los gobiernos y la no aplicación del derecho a la consulta previa, libre e informada en aspectos que les atañen, suelen ser los puntos débiles.

Los presupuestos deben ser uno de los primeros indicadores para medir, los vacíos y avances.

Emitirá recomendaciones

El observatorio hará recomendaciones a los Estados, utilizará como línea base para su establecimiento un estudio que hemos hecho en el Filac en el último trimestre de 2018 sobre la institucionalidad que está elaborado con información proporcionada por los mismos países miembros.

Añadió que a partir de esto definiremos indicadores que permitan monitorear el avance de esta institucionalidad y vamos a utilizar como marco de referencia la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

También el Filac tomará en cuenta el documento final de la Conferencia mundial de pueblos indígenas, realizada en la ONU en 2014, la cual fue respaldada por todos los Estados.

Se basará en lo expuesto en el Plan de Acción de Iberoamérica para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, que fue aprobado en abril de 2018 y ratificado en la Cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica, realizada en noviembre.

La intención es que con las recomendaciones del observatorio del Filac se ajusten los marcos normativos a los estándares internacionales en derechos humanos e incidan en el ejercicio de éstos.

Cunningham indicó que también se medirá cómo va la inclusión de las comunidades originarias en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.