La reforma educativa que será aprobada hoy en comisiones de la Cámara de Diputados, cierra definitivamente la posibilidad de retornar al régimen laboral del artículo 123, que dividía el reparto de las plazas de maestros entre el sindicato y la Secretaría de Educación Pública. Los cambios constitucionales en la materia otorgarán a la autoridad las prerrogativas laborales, y el Congreso federal legislará para establecer la nueva relación con los trabajadores.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados confirmó el proceso legislativo que tendrá lugar este miércoles, e hizo extensivo el acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadopres de la Educación (CNTE) y diversas organizaciones sindicales que se manifestarán en las inmediaciones de San Lázaro, para dejar el paso libre a los trabajadores y diputados por la avenida Sidar y Rovirosa (en honor de los pilotos Pablo Sidar y Carlos Rovirosa), y que tenga efecto la sesión ordinaria y se celebre la reunión de las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales.

Ese encuentro se celebrará a las cinco de la tarde, y se prevé que una vez aprobado el proyecto de decreto, se enviará a la mesa directiva para ser enlistado en el orden del día con carácter de primera lectura el jueves, y el martes de la semana próxima se apruebe en el pleno.

Al comentar el motivo de la movilización del magisterio disidente, Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, indicó que el proyecto de decreto es fruto del acercamiento y conjunción de la propuesta del Presidente y las 14 iniciativas que existían en la materia, incluida la que presentaron los coordinadores parlamentarios de la oposición. Se hizo un esfuerzo incorporando todas las voces: universidades, profesores, sindicatos y padres de familia.

También diferenció del proyecto de decreto las demandas de la CNTE: Están buscando aumentar privilegios; pelean el control de las plazas sin ningún tipo de evaluación. El Congreso elaborará reformas reglamentarias, porque ellos demandan a través del artículo 123 una reforma laboral que no está incluida en el proyecto de decreto: la reforma educativa que se abrogará tenía un fin laboral, y la que habremos de aprobar no lo tiene.

Así, el texto de las modificaciones constituciones que habrán de someterse a votación en el pleno la semana que entra contempla la obligación del Estado de garantizar la educación inicial y la superior. También tendrá la rectoría en materia educativa.

A partir de la reforma en ciernes, la educación se basará en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. Se reconoce a los profesores como agentes de transformación en el proceso educativo, y se incorporarán las evaluaciones diagnósticas en los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento en el Sistema de carrera magisterial.

También se garantiza el derecho de los docentes a acceder a un sistema integral de formación y actualización. Así los procesos de selección serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales en el Sistema de Carrera Magisterial. Por ello los nombramientos derivados de la admisión, promoción y reconocimiento, únicamente serán otorgados conforme a la ley.

Se restablecerá la fracción VII al artículo tercero de la Constitución que da garantía de autonomía a la universidad pública.