El proyecto para la construcción de la refinería de Dos Bocas generó cuestionamientos por dos aspectos: uno, porque se aleja de los compromisos adquiridos por México para hacer frente al cambio climático, y dos, por la decisión del gobierno federal de privilegiar la invitación restringida a cuatro empresas, por encima de la licitación pública.

Greenpeace señaló que con la refinería se hace a un lado el potencial en energía renovable que ha demostrado viabilidad económica. Consideró “grave error apostar todas las fichas a los hidrocarburos, evocando la época del milagro mexicano, cuando el país era rico en recursos petroleros y Pemex era el pilar del crecimiento económico, por la simple razón de que la época del petróleo barato se acabó”.

En un comunicado, explicó que mientras el sector hidrocarburos va en detrimento a escala mundial, las energías renovables muestran su potencial y su competitividad en el mercado energético mexicano.

Por separado, especialistas en temas de corrupción y transparencia consideraron que si bien el esquema de convocatorias restringidas para otorgar contratos de obra pública está en la ley, las autoridades deben demostrar que las empresas invitadas son capaces de realizar el trabajo y tienen un historial de probidad.

Miguel Alejandro López Olvera, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que el artículo 134 constitucional señala que las compras y obras públicas deben hacerse por licitación, y que las autoridades están obligadas a realizar una investigación de mercado para abrir el proceso a la mayor cantidad de empresas posible.

Enfatizó que aunque las invitaciones restringidas no son contrarias a la norma, tampoco son una herramienta idónea, pues no permite cumplir con el principio de buscar las mejores condiciones de precio y calidad para el Estado.

Por eso, dijo, es mejor llevar a cabo licitaciones públicas, aunque tarden más, e instó a crear un código nacional de contrataciones públicas, que establezca los filtros necesarios para evitar que funcionarios puedan dar contrataciones a modo a sus empresas favoritas.