a carta de compromiso contra posibilidades releccionistas que firmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) apaciguará por un rato el desbordamiento de algunos de los opositores a su gobierno, que ya proclamaban en México el inicio de un proceso de autoritarismo y continuidad personal en el poder al estilo, según han alegado, de Venezuela.

El mismo Enrique Krauze, a quien algunos opositores al obradorismo pretendían erigir en una suerte de líder cívico en resistencia, tuiteó ayer, ondeando ya una macrobandera de paz: “La carta en la que el presidente @lopezobrador_ se compromete a respetar la no relección tiene el carácter de un compromiso con la historia. Bienvenido” (¿Bienvenido López Obrador a las páginas de la historia, con el tuitero como anfitrión, o bienvenida la carta?).

Abatida esa objeción central, la de las presuntas intenciones releccionistas, podría quedar una que no por secundaria es menor: el nombre del Presidente de la República estará impreso en una boleta que será cruzada por los ciudadanos casi al mismo tiempo que son cruzadas las boletas correspondientes a elecciones de la totalidad de la Cámara de Diputados federal y de las vertientes estatales que embonen con esa fecha (gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales, según cada caso).

Aprobado en San Lázaro ese proyecto de reformas constitucionales en materia de consulta popular y revocación de mandato, falta la autorización en el Senado, donde Ricardo Monreal, quien no es profeta en su partido, como acaba de verse en Puebla, ha anunciado que no habrá prisa en la aprobación de ese texto y que se abrirá el tema a discusiones (un proceso que parecería similar a lo sucedido con el tema de la Guardia Nacional, aprobado por Morena en la Cámara de Diputados, donde con sus aliados tiene mayoría para reformas constitucionales, pero detenido y corregido en la Cámara de Senadores, donde Morena y compañía no tienen tal aritmética calificada).

Por otra parte, la deshilachada oposición al obradorismo teme que (de aprobarse el proyecto de reformas en sus términos actuales) el voto popular sea inducido a favor de los candidatos de Morena, al agregarse la consulta sobre revocación de mandato al mismo proceso electoral de otros poderes. Si se toma como referencia alguna otra consulta irregular que se hubiera practicado (ejercicio participativo, fue denominado el más reciente, sobre Huexca, Morelos), López Obrador podría sentirse facultado e impelido a defender con ardor activista su postura. Ello significaría una campaña de elecciones intermedias con el peso presidencial en acción.

Las objeciones de los opositores al actual gobierno no han prendido en esta materia de la revocación de mandato porque, en el fondo, es difícil oponerse con lógica política al hecho de que un Presidente se arriesgue a asociar su nombre a una elección. Si hubiera rechazo a ese mandatario, su partido sería dañado (recuérdese el caso de Enrique Peña Nieto, cuya liga con candidaturas en juego solía restar votos) y, de manera correspondiente, si ese Presidente estuviese cumpliendo bien con su encargo, justo sería que los ciudadanos premiaran ese esfuerzo con más poder para un proyecto cumplidor.

La misma luna de miel de López Obrador con la ciudadanía le está permitiendo al partido Morena actuar sin mayores consideraciones en la postulación de candidatos a gubernaturas, como ha sido el caso poblano, donde Luis Miguel Barbosa Huerta fue declarado ganador de una encuesta fantasma, al mero estilo practicado en su momento contra el antes citado Monreal, a la hora de hacer a Claudia Sheinbaum candidata a jefa del gobierno capitalino. Nadie sabe, nadie supo: las encuestas son usadas para validar las decisiones de un dedo superior y los presuntos afectados aceptan el juego, con la esperanza de futuros pagos políticos compensatorios, como hasta ayer sucedía con el senador Alejandro Armenta, modosamente inconforme, finalmente disciplinado.

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