San Cristóbal de Las Casas, Chis., El gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se caracterizó por una crisis de derechos humanos alimentada por la impunidad y la violencia, la cual se propagó en todo el país y mantiene como blanco a la sociedad civil organizada que defiende su territorio y la vida, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba).

En su informe titulado Frente a la violencia, la espiral de luchas y resistencias, el organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, manifestó que el sexenio de Peña Nieto se distinguió por la continuidad del despojo, pero se enfrentó a la resistencia de comunidades y pueblos organizados.

Frente a los proyectos extractivos y las reformas implementadas en el sexenio anterior, surgieron gran cantidad de movimientos de pueblos y organizaciones en defensa del territorio. No es para menos: con el despojo del territorio se destruyen bienes comunes como el agua y la tierra, aseveró.

Señaló que Peña Nieto y Manuel Velasco Coello, ex gobernador de Chiapas, fueron responsables, junto con los poderes fácticos, de profundizar los conflictos.

La defensa de la tierra y el territorio será la principal disputa contra los poderes fácticos y el Estado mexicano. La ambición capitalista se reconcentra en proyectos extractivistas, de infraestructura, ambientales y de turismo encaminados desde hace décadas con inversiones y que han ido despojando a los pueblos de sus territorios, advirtió.

En esta etapa de capitalismo terminal, los proyectos vienen acompañados de programas clientelares que buscan anular cualquier resistencia y cooptar a individuos y líderes, al tiempo que se acosa mediante violencia, amenazas, estigmatización y criminalización a las asambleas ejidales y a quienes se organizan para defender el territorio.

El documento fue presentado ayer en las oficinas del Frayba, con la presencia de Vera López y del sacerdote dominico Gonzalo Ituarte, en el contexto del 30 aniversario del organismo que fundó el extinto obispo de San Cristóbal de Las Casas Samuel Ruiz García el 19 de marzo de 1989.

El informe destaca que durante el gobierno de Velasco Coello se cometieron en Chiapas unos 285 feminicidios pese a la declaratoria de alerta por violencia de género.

La violencia generalizada y el estado de guerra heredados desde los gobiernos priístas y panistas han impulsado la militarización territorial y las actividades ilícitas de organizaciones criminales vinculadas con funcionarios y empresas.

Afirmó que los gobiernos federal y estatal, ahora encabezados por Morena, propician que continúen las torturas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y desapariciones forzadas, “entre otras prácticas generalizadas y sistémicas en México.

Es la estrategia de guerra, ligada con la lógica del sistema capitalista y su concepción de desarrollo anclado en el despojo, la marginación y la exclusión de los pueblos.

El Frayba expresó que iniciativas autónomas como La Otra Justicia, construida desde los pueblos, tiene el propósito de resistir contra el olvido, abonar a la verdad y a la justicia, a fin de evitar la repetición de atropellos.