n estos días se han organizado foros en torno a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-24. En el caso indígena el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) ha emitido comunicados sobre los mismos y llama la atención la coincidencia de la gran mayoría de ellos en solicitar que se les reconozca como sujetos de derecho público. Ya hemos señalado que la ley que creó el INPI incluyó tal supuesto reconocimiento cuando la Constitución en la contrarreforma de 2001 los colocó como de interés público. Lo extraño es la formulación técnica casi unánime de los foros indígenas. Me recuerda la consulta que se impulsó en el foxismo para desaparecer al Instituto Nacional Indigenista, donde los asistentes a los foros, esos sí tradicionales, a decir de sus relatores, concluyeron que pedían un organismo descentralizado no sectorizado. Es significativo que no aparezca la mención a los megaproyectos, supuestamente legitimados mediante las consultas ciudadanas que nada tienen que ver con el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente pertinente. Es un hecho que los lineamientos y proyectos centrales del nuevo gobierno han sido previamente decididos por el Presidente de la República. Si Peña Nieto logró la firma de todos los partidos para el Pacto por México, López Obrador está usando todas las reformas estructurales que lo expresaron, especialmente las que impactan a recursos naturales. Si bien afirma que la reforma energética fue un rotundo fracaso sin cuestionar su existencia, sólo se marcan sus resultados económicos insatisfactorios. Se ha reiterado: “Baste decir que, a cuatro años de su aprobación –y ahí están los datos, esto no es un asunto ideológico o político, es de juicio práctico– se redujo la inversión pública y privada en el sector, se produce menos petróleo crudo” (informe de los primeros 100 días de gobierno, 11/3/19).

En una entrevista en La Jornada afirmó que las zonas económicas especiales no van y sin embargo las está promoviendo. Así lo expresó: Ya el plan energético, diseñado en el periodo neoliberal, no se va a llevar a cabo, eso es muy claro. Ya no van a existir la zonas económicas diseñadas con ese propósito. Nosotros lo que queremos es rescatar a Pemex y a la CFE, nuestro plan es recuperar la industria petrolera, la industria eléctrica, porque ha resultado un rotundo fracaso la política energética del neoliberalismo [...] lo que se diseñó en el periodo neoliberal no va a utilizarse hacia adelante, es una nueva política económica, es un cambio de régimen, no es un cambio de gobierno (30/11/18). Ya declaró el fin del periodo neoliberal y se omite la necesidad de que, en consecuencia, se abroguen justamente las reformas que le dieron sustento, en especial la contrarreforma al artículo 27 constitucional en 1992, la ley minera, las llamadas estructurales. No parece estar en el horizonte esta ruptura con el proyecto neoliberal que fue constitucionalizado por los gobiernos priístas.

En el informe de los primeros 100 días el titular del Ejecutivo reiteró: Es importante decir que, en serio, sin retórica o demagogia, existe la determinación de mandar obedeciendo. Por eso se llevaron a cabo las consultas sobre el aeropuerto y más recientemente sobre el gasoducto y la termoeléctrica del estado de Morelos... Informo que estamos por licitar proyectos estratégicos. Ejemplos: en abril se publicará la convocatoria para la construcción del Tren Maya, respecto al Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. Estamos en la fase de consulta a las comunidades y en la elaboración de proyectos para lanzar las licitaciones, todo el Istmo se convertirá en zona libre o franca; es decir, se reducirán los impuestos y el precio de los energéticos para propiciar la instalación de parques industriales que generen suficientes empleos y buenos salarios. Todo ello con la participación y beneficio para los pueblos y con absoluto respeto al medio ambiente.

En contraste, Victoria Tauli, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, transmitió una nota técnica que decidió hacer pública, donde señaló: Quisiera expresar mi profunda preocupación al gobierno de México en relación con la información recibida por mi mandato en los últimos meses acerca de proyectos de inversión anunciados por el gobierno que podrían afectar los derechos de los pueblos indígenas y, en particular, la intención de realizar consultas ciudadanas para recabar la opinión de la población nacional en general sobre la ejecución o no de esos proyectos. Falta claridad sobre cómo las consultas previstas tendrán en cuenta las obligaciones del Estado mexicano de implementar procesos específicos de consulta previa con los pueblos indígenas potencialmente afectados con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado (5/3/19). ¿A quién se obedece al mandar? No a los pueblos indígenas.