n la conferencia magistral que impartió al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo Latapí, figura fundamental de la pedagogía mexicana de las últimas cuatro décadas del siglo XX, dijo que el ideal de excelencia en educación no es virtud, sino una ­aberración.

Según el doctor en ciencias de la educación por la Universidad de Hamburgo, fundador del Centro de Estudios Educativos y asesor de varios secretarios de Educación Pública, ninguna filosofía educativa había tenido antes la ilusoria pretensión de proponerse hacer hombres perfectos. Excelente –explicó– es el superlativo de bueno; excelente es el que excellit, el que sobresale como único sobre todos los demás; en la práctica, el perfecto”. En su lugar, reivindicó la idea de querer ser mejor sin separarnos de los otros (https://bit.ly/2FhSlcc).

Las críticas de Pablo Latapí al concepto de excelencia educativa son compartidas por numerosos investigadores y maestros. Pero no por el Ejecutivo ni por los legisladores. Tanto así que en la propuesta de dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales para una nueva reforma educativa se propone aprobar un punto para que la educación que imparta el Estado sea de excelencia.

Curiosamente, a la hora de definir en qué consiste la excelencia, los diputados dan gato por liebre y usan casi las mismas palabras con que en la reforma del Pacto por México se definió la calidad educativa: mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Un galimatías.

El concepto de calidad educativa, proveniente del mundo empresarial y no del pedagógico; no tiene una definición precisa y es entendido de diferentes maneras por los estudiosos del tema. Su inclusión en el texto constitucional en 2013 fue amplia y consistentemente cuestionado por miles de maestros y centenares de especialistas. A pesar de ello, los legisladores lo quieren volver a meter hoy por la puerta trasera envuelto en el aberrante concepto de excelencia.

Lo sucedido en el dictamen con la excelencia y calidad no son, desafortunadamente, excepciones en la iniciativa de los diputados, sino la regla. Pese a la promesa presidencial de abrogar la norma parida por el Pacto por México, muchos de los cambios introducidos en la nueva propuesta de reforma educativa en relación con la anterior son cosméticos. En cuestiones nodales hay una continuidad básica en ambas reformas.

Ese es el caso del marco laboral para los trabajadores de la educación. Como sucedió con la reforma de Peña Nieto, el dictamen propuesto por los diputados se niega a reconocer explícitamente que los docentes son trabajadores al servicio del Estado y que su situación laboral se enmarca en el aparatado B del artículo 123 constitucional. En los hechos, se crea un régimen laboral especial para ellos. Lo hace sustituyendo el Servicio Profesional Docente por un sistema para la carrera de las y los maestros, en términos del artículo tercero.

Desde esa lógica, se tendría que legislar para crear regímenes laborales especiales para los trabajadores de la salud, los mecánicos, las secretarias, los choferes y un largo etcétera.

En el dictamen se establece que no se afectará la permanencia de los docentes; sin embargo, se mantiene, con un poco de maquillaje de por medio, el despojo de las conquistas laborales del magisterio perpetrado en el sexenio pasado. Se hacen retroceder las manecillas del reloj de las regulaciones laborales hasta antes de 1963, cuando se aprobó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Asimismo, se perpetúa el absurdo de que las relaciones laborales de los maestros se regulen desde el ar­tículo tercero constitucional y no del 123, y de que las características de éstas tengan rango constitucional y no el de una ley secundaria. Así, se pone un candado que imposibilita que los maestros se amparen con éxito contra ese punto de la reforma.

Esto tiene una implicación adicional: aunque formalmente se reconoce que los maestros fueron estigmatizados durante el sexenio pasado, se mantienen aspectos medulares de la legislación que los discriminó.

De la misma manera, el dictamen desaparece el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, coordinado por un organismo público descentralizado, al que se faculta para emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje. Esta facultad debiera ser responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública.

Adicionalmente, se le abren la puertas al mundo empresarial y sus organismos de cabildeo para que influyan en política educativa, a través de un Consejo Ciudadano y de las instancias autorizadas para la certificación de los procesos de la mejora continua de la educación.

Este gatopardismo legislativo es un triunfo, nada desdeñable, de los viudos de la reforma del Pacto por México. Recuperan por vía de las negociaciones en lo oscurito, lo que perdieron en las elecciones presidenciales del año pasado.

Twitter: @lhan55