Las rutas migratorias que conducen de la frontera entre Guatemala y México hasta Tenosique, Tabasco, representan graves riesgos para las personas que transitan por ellas en el contexto de movilidad: secuestros, robos con violencia, violaciones y extorsiones son habituales para miles de centroamericanos que las usan. Aunado a eso, quienes defienden los derechos humanos de ese sector y trabajan en la zona enfrentan dificultades para realizar su labor.

La Misión Civil de Observación (MCO) enviada a esa región la semana pasada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos informó lo anterior al presentar ayer un informe preliminar de esa visita.

La misión acudió a las rutas, entrevistó migrantes, se reunió con defensores y constató que en la mayor parte de ese territorio no hay una presencia visible del Estado que defienda, proteja y garantice los derechos humanos, más allá de la dudosa acción de retenes militares y la esporádica presencia de la policía municipal. En todo momento se perciben las huellas de una impunidad que comienza con las condiciones que permiten la comisión de delitos y violaciones a las garantías fundamentales en despoblado con conocimiento de la autoridad y ante su desinterés absoluto.

Los integrantes de la MCO sufrieron incluso una agresión: el jueves 14 de marzo, mientras recorrían las dos rutas migratorias entre Guatemala y Tenosique, un grupo de personas dedicado a la extorsión a migrantes en tránsito los forzó a detenerse, denunciaron integrantes de la red. Esto no pasó a mayores, pero deja de manifiesto la grave inseguridad que desde hace meses ha denunciado el equipo de La 72 hogar-refugio para personas migrantes, con sede en Tenosique.

La MCO había acordado una reunión de trabajo con el presidente municipal, Raúl Gustavo Gutiérrez; sin embargo, el alcalde no cumplió el acuerdo y no acudió. Representantes de alto nivel del gobierno de Tabasco también se negaron a recibir a los activistas, por lo que la misión decidió levantarse de la mesa al ver que sólo se presentaron funcionarios estatales y municipales de nivel medio y sin capacidad para tomar decisiones.

Esto representa un mensaje de desinterés y simulación. La respuesta oficial es descriptiva de la indolencia ante una situación sumamente grave y que, según los testimonios recogidos, parece tender a agravarse aún más.

De 2015 a la fecha, La 72 y la MCO han acompañado a migrantes y han presentado 817 denuncias, de las cuales 42 por ciento corresponden a los 14 meses anteriores, además que de 791 carpetas iniciadas por la Fiscalía Especializada para la Atención a Migrantes, desde su creación en 2015, menos de uno por ciento se encuentran judicializadas.