Juchitán, Oax., La familia Santiago López, integrada por cinco adultos y tres menores de edad, vive desde hace ocho años con un río de aguas negras frente a su vivienda, pues el drenaje sanitario en la Séptima Sección de la ciudad, que tiene más de 30 años, colapsó por falta de rehabilitación.

Además de las secuelas del terremoto de magnitud 8.2 que sacudió Juchitán en septiembre de 2017 y dañó más de 15 mil viviendas, los pobladores lidian con un problema de salud pública, pues la planta de tratamiento de aguas residuales no funciona desde hace casi dos años.

A mi abuelo y mi abuela los mató esta agua sucia. Continuamente tenían diarrea y vómito; inclusive llegaron a padecer tifoidea. Para sobrevivir compramos agua de garrafón; sin embargo, controlar a los niños es difícil: ellos juegan en los charcos, dijo Rosaura.

La familia exigió al ayuntamiento que encabeza el alcalde Emilio Montero Pérez, del partido Morena, resolver cuanto antes el problema. Agregó que anteriores administraciones se dedicaron sólo a abrir y cerrar calles en lugar de reparar la red sanitaria.

Aquí el agua estancada y el olor insoportable tienen más de ocho años, pero nadie nos atiende. Así comemos y dormimos, dijeron vecinos de la Séptima Sección de Juchitán.

Similares problemas de insalubridad padecen miles de pobladores de otros sectores de Juchitán, donde, según el gobierno municipal pasado, que encabezó Gloria Sánchez López –emanada de una alianza entre los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática y hoy diputada local por Morena–, 60 por ciento de los habitantes (unas 50 mil personas) viven entre aguas negras, desde la Quinta sección hasta la Novena.

En esta ciudad zapoteca la planta de tratamiento de aguas residuales está averiada y no se cuenta con un depósito de desechos sólidos que sirva de relleno sanitario. La basura se expone a cielo abierto, dijo Tomás Chiñas Santiago, gestor social, quien sostuvo que el problema afecta a más de 90 mil habitantes de Juchitán.

En Juchitán no funciona la planta de tratamiento de aguas negras, más bien en todo el Istmo (de Tehuantepec), de las nueve que existen, ninguna funciona, lamentablemente vemos que esta agua sucia está siendo arrojada al río en tubos grandes, tenemos fotografías y videos, se lo hemos reportado al gobierno, a la Conagua (Comisión Nacional del Agua) y a la propia autoridad de Juchitán, pero no hacen nada, el drenaje es un servicio básico que no se está garantizando, al contrario, el manto freático se está contaminando, explicó Chiñas Santiago.

Consideró peligroso que se permita verter aguas negras al Río de los Perros, que cruza Juchitán, porque la contaminación se dirige a Playa Vicente, a 2.7 kilómetros, donde se pescan mariscos para consumo de la localidad. Juchitán produce al día 180 toneladas de basura y grandes volúmenes de aguas negras. Hay un gran descontrol, recalcó.

En el Callejón de los Pescadores, en la Séptima Sección, viven más de 20 menores de edad, quienes padecen de manera recurrente enfermedades gastrointestinales y de la piel. Una clínica que se instaló para atender a esta comunidad tuvo que ser reubicaba por los altos niveles de contaminación.

Las aguas negras también afectan a los más de 200 estudiantes de la escuela secundaria técnica 103, quienes pasan por zonas anegadas de agua contaminada.

El presidente municipal Montero Pérez explicó que una de sus propuestas es invertir 120 millones de pesos. Detalló que usaría 60 millones de pesos para rehabilitar la planta de tratamiento de aguas residuales, que dejó de funcionar hace un par de años, y con los otros 60 millones construir otra en el sur de la ciudad.

Lo primero es tratar las aguas negras. El drenaje de Juchitán colapsó. Hay 34 puntos críticos en la ciudad. Pretendo recurrir a los diputados federales y con respaldo de fundaciones invertir 150 millones de pesos. Con 80 millones de pesos se repararían esos 34 puntos y con 70 millones se construiría un colector de norte a sur, agregó.

Emilio Montero puntualizó que año y medio después del terremoto de septiembre de 2017 es prioritario reparar la infraestructura hidráulica, las viviendas dañadas, reactivar la economía, rehabilitar espacios públicos y educativos y recuperar empleos, así como reducir 50 por ciento los salarios de los integrantes del cabildo y de sus colaboradores cercanos.