n puntos clave, el nuevo acuerdo educativo (y como en 2012, redactado sólo entre la SEP y partidos), que sobre el artículo tercero se presentará próximamente no es ya la iniciativa que envió al Congreso el presidente López Obrador en diciembre del año pasado. Hay cambios que resultan de un esfuerzo por lograr los votos para aprobar en la cámara un acuerdo en donde, según el actual secretario Moctezuma, todos tienen que ceder un poco, porque todos van a obtener bastante de esta reforma ( La Razón, 14/03/18). Sin embargo, el resultado de este intento de complacer a otros partidos y posturas ideológicas históricamente hostiles a los maestros y a la orientación de educación surgida de los movimientos sociales, sólo representa ganancias para los que fracasaron en la elección y, paradójicamente, una pérdida, una regresión sustancial en los derechos de las y los maestros y jóvenes.

Un ejemplo de esta regresión –otro sería la investigación– es la transformación de la propuesta original de López Obrador en el tema del derecho a la educación para las y los jóvenes en el nivel superior. Muy de acuerdo con lo que corresponde al nivel constitucional –los grandes principios– el texto de la iniciativa presidencial establece que la educación en ese nivel educativo también es un derecho. Sin embargo, en el texto del llamado nuevo acuerdo (fracción X) ese derecho se reduce porque queda sujeto a la voluntad de las instituciones. En efecto, la obligatoriedad en la educación superior corresponde al Estado el cual ofrecerá oportunidades de acceso a este tipo educativo para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones. Además de que se abre la puerta para que el Estado tenga que proveer de becas a estudiantes de escuelas privadas, hay que tener en cuenta que en muchas instituciones el examen de selección es un requisito. Con esto, un instrumento de selección clasista que, antes no tenía sustento legal, ahora, por ser un requisito, pasa a tener rango constitucional. Y entonces desde la Constitución se fortalece la tendencia neoliberal a restringir el acceso a la educación superior. Este es un ejemplo también del riesgo que representa colmar un artículo de la ley suprema con procedimientos y disposiciones administrativas –que corresponden a leyes secundarias–, lo que hace difícil percibir todas sus implicaciones.

En el caso de los derechos de los maestros se presenta la misma tendencia regresiva. López Obrador manifestaba que la reforma educativa de 2012 era en realidad laboral porque había llevado a una evaluación punitiva. Esa evaluación, sin embargo, sólo era posible aplicarla para el despido porque se había privado a los maestros de la protección constitucional del artículo 123. Con la promesa de AMLO de abrogación total, se pensó que no se repetiría la experiencia, que los docentes serían protegidos legalmente. Pero fue así en la iniciativa y ahora también el nuevo acuerdo –que es laboral– deja a los maestros fuera del 123. Y la puerta queda abierta para que en una ley secundaria –como en 2013– se decidan temas que vayan contra derechos laborales básicos.

¿De veras la Cuarta Transformación necesita por fuerza dejar sin protección laboral a las y los maestros? ¿Y necesita también –como hacía también la reforma educativa de Peña– reducir drásticamente las oportunidades de los normalistas para ingresar al servicio docente?

Más: al INEE, lo sustituye un nuevo organismo que retoma todo su personal, estructura y recursos (transitorio noveno), y mantiene la idea de que debe existir un espacio de vocación privada desde donde de manera autónoma la sociedad civil (es decir, los representantes de Mexicanos Primero, OCDE, grandes empresas y afines), y no los maestros y comunidades, puedan intervenir directa y constitucionalmente en la conducción de la educación. Es un espacio al que se otorgan funciones estratégicas como la de emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados del aprendizaje; así como la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar. Y mucho más e importante.

La vena privatizadora en la conducción y la orientación de la educación, la regresión en derechos fundamentales para maestros y normalistas, ¿de verdad van a crear un clima como el que urgentemente necesita nuestra educación para repararse y avanzar rápida y exitosamente después de un sexenio de duros enfrentamientos? ¿Por qué en lugar de buscar un texto breve, conciso, de consensos amplios, se optó por detallar –y blindar– todo en 15 páginas? ¿Se trata en realidad de devolverles a esos pocos y sus intereses una parte sustancial de lo que perdieron con la elección de 2018? Pero, ¿hacerlo a costa de los derechos de millones? ¿Por qué, otra vez, maestros y jóvenes tienen que ceder casi todo? En educación, ¿esta es la Cuarta?

*UAM-X