ay a quienes se les olvida que, en la academia, las comisiones administrativas en nuestros centros de investigación no nos relevan de nuestro trabajo ni de nuestra ética de investigadores y que, además, la comisión tiene fecha de caducidad. Una vez terminado el periodo para el que fuimos facultados, los que hemos fungido como funcionarios regresamos a nuestros cubículos o laboratorios para continuar con nuestra labor académica y científica.

Resulta extraño que, bajo las consideraciones anteriores, la doctora María Elena Álvarez-Buylla, designada como la primera mujer en dirigir el Conacyt, sea objeto de una campaña que busca presentarla como autoritaria y enemiga de los valores mínimos de la vida científica: la libertad para crear conocimiento y la participación de la comunidad en los asuntos que le competen. Así lo demuestra su preocupación por incrementar la inversión en ciencia de frontera cuatro veces, comparado con los sexenios anteriores. La investigación de frontera es la base del conocimiento y se construye gracias a la libertad.

Las acusaciones de que la nueva administración del Conacyt pretende un control absoluto y sin contrapesos no son más que falsedades que lamentablemente han encontrado eco en un grupo de personas que no está de acuerdo en permitir que el consejo se aleje de viejos lastres que han evitado su dinamismo y que lo han hecho reo de intereses organizados.

Si bien es cierto que el Conacyt no es un órgano que desarrolle ciencia por sí mismo, la realidad es que tiene un papel central en el desarrollo científico y tecnológico del país. Sus atribuciones están relacionadas con la articulación y asignación de recursos orientados a investigadores y a estudiantes de posgrado. Desde hace mucho, esas facultades han sido utilizadas para asignar recursos de manera poco transparente a diversos grupos e iniciativas privadas con poco o nulo rendimiento para la sociedad.

No es casualidad que, ahora que el Conacyt enfrenta una profunda restructuración en la que se pretende hacer más eficaz el gasto del presupuesto disponible, haya voces que acusen que se está violentando a la comunidad, sin mayores pruebas que señalamientos infundados o tergiversando hechos, inclusive cuando éstos se desmienten con documentos oficiales.

La que pretende la actual administración es una transformación profunda de la cabeza del sector científico, que busca incluir en la toma de decisiones a una comunidad científica plural que ha sido poco representada por los órganos colegiados actuales. El Estado tiene la facultad, pero sobre todo la obligación de establecer prioridades para el uso de los recursos. En este sentido, el Conacyt busca que los problemas nacionales sean atendidos mediante la inversión en humanidades, ciencia y tecnología con la intención de mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Al mismo tiempo, en el Plan Nacional de Desarrollo se debe presentar una política de Estado en ciencia y tecnología que considere esas prioridades y fomente el empleo de los recursos públicos de manera eficaz y eficiente.

No es una obligación estar de acuerdo con esas prioridades, es verdad. Lo que sí debe ser una obligación es conducirse con verdad en el debate. Quienes deseen mantener un statu quo en el sector científico y hayan querido incidir, sin éxito, en esta administración, que lo digan y argumenten los beneficios de su propuesta. La crítica y la libre expresión son fundamentales, no el escarnio ni el vilipendio y mucho menos la producción de información falsa que opera en detrimento de la verdad.

Hay miles de investigadores y estudiantes que requieren, y necesitan, que el consejo agilice sus procedimientos, informe con transparencia sus actividades y ejercicios presupuestales y que, desde luego, represente verdaderamente a todas y todos, no sólo a una parte de la comunidad científica. Es por ello que debemos ya trascender estos debates que no apuntan al crecimiento humanístico, científico y tecnológico de México, sino a la vieja práctica de escarnio político a la que nos acostumbraron en el pasado. Esto, en el fondo, despierta una obvia pregunta: ¿en favor de quién operan estos ataques?

* Doctora en biblioteconomía y ciencias de la información por la Universidad de Salamanca.