El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) anunció ayer la puesta en marcha de su nueva política para apoyar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en los estados.

María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del consejo, y el gobernador de Sinaloa, el priísta Quirino Ordaz Coppel, anunciaron en una conferencia de prensa que esta entidad es la primera que apoyará la iniciativa del gobierno federal de transformar el programa de fondos mixtos en un solo instrumento de financiamiento.

El programa fue creado en 2001 con el fin de fomentar en las regiones las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación; para 2019, su presupuesto es de 2 mil 939 millones de pesos.

En 18 años, por esta vía el gobierno federal y los estatales financiaron 5 mil 964 proyectos científicos y tecnológicos. Pero, de acuerdo con Álvarez-Buylla, el presupuesto se pulverizaba cuando llegaba a los científicos.

Explicó que 2 mil 700 de los proyectos financiados recibieron recursos por menos de 500 mil pesos y 420 por menos de 100 mil. Con esas sumas, dijo, un proyecto de investigación científica o de desarrollo tecnológico no podía hacer nada. Por medio de la nueva estrategia se pretende que el financiamiento para los proyectos sea suficiente.

La titular del Conacyt descartó que se trate de una medida de centralización de la ciencia: Al contrario, se está consolidando. Es un cambio a una política pública de federalización de la ciencia.

Para el gobierno estatal, dijo Ordaz Coppel, es muy importante la labor que plantea la directora del Conacyt. Los fondos mixtos se crearon para cubrir ciertas necesidades del desarrollo de la ciencia, pero dado que a cada proyecto se le asignaban pocos recursos, no consiguieron sus metas.

La nueva política irá acompañada de los Programas Nacionales Estratégicos, por lo que se pretende contar con una agenda coordinada para todo el país por la que se destinarán recursos con el fin de que los investigadores busquen soluciones a problemáticas de sus regiones.

Para Sinaloa, el gobierno estatal y federal cuentan con 90 millones de pesos que podrían incrementarse. En la discusión de los problemas prioritarios a atender, se dijo, participarán instituciones como universidades y centros de investigación. Uno de los proyectos previstos para financiar es la generación de centros comunitarios y culturalmente pertinentes para aminorar el impacto de la violencia en el estado. Se tratará de una intervención en la que participen científicos sociales y humanistas, dijo Álvarez-Buylla.