Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) dispararon en forma ilegal y de manera arbitraria desde un helicóptero contra una familia que viajaba en su vehículo en una carretera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en marzo de 2018. El personal de la Armada incurrió en violaciones a las garantías de los agraviados al causar la muerte de la madre y dos pequeñas de cuatro y seis años de edad, así como lesiones al padre y otras dos niñas (hija y sobrina), que no recibieron la debida atención.

Concluyó lo anterior la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo cual emitió la recomendación 4/2019 dirigida al titular de la Semar, almirante José Rafael Ojeda Durán, por los hechos ocurridos en el tramo carretero Piedras Negras y Segundo Anillo Periférico de Nuevo Laredo la madrugada del 25 de marzo de 2018, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, tras un enfrentamiento con presuntos integrantes del crimen organizado.

De acuerdo con la CNDH, los disparos realizados por marinos se dirigieron hacia vehículos y personas que no representaban riesgo o peligro para el personal naval que empleó una ametralladora que tiene la capacidad de disparar 3 mil proyectiles por minuto.

En principio la Semar negó en un comunicado que la agresión contra la familia fuera achacable a personal naval, pues se había dado por un supuesto fuego cruzado en tierra entre criminales y marinos, y que el armamento letal no correspondía al usado en aeronaves de la Armada.

Días después la dependencia se vio obligada a reconocer la responsabilidad de sus elementos, tras las denuncias del sobreviviente y la documentación recopilada por medios de comunicación.

En su investigación, la CNDH indica que un dictamen de criminalística determinó que el automóvil presentaba 38 orificios producidos por proyectil de arma de fuego, con trayectoria de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de afuera hacia dentro del vehículo, lo que coincide con los testimonios de los sobrevivientes de que la agresión provino desde el helicóptero.

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez acreditó que los marinos incurrieron en violaciones a los derechos humanos a la vida (en agravio de tres víctimas), a la integridad personal y a la seguridad jurídica (en agravio de los seis miembros de la familia), por el uso arbitrario de fuerza letal y la omisión de brindarles auxilio y adoptar medidas de protección.

El helicóptero brindaba apoyo disuasivo y sobrevolaba áreas críticas donde personal naval había sido atacado por presuntos criminales, pero llegó al lugar cuando el fuego había cesado y los agresores se dispersaban en varios vehículos, señala la recomendación.

Aun cuando los efectivos navales argumentaron que en ese sitio habían sido atacados con disparos de arma de fuego y respondieron a la agresión, se constató que la aeronave no presentaba daño alguno, por lo cual el uso de fuerza letal no cumplió con las disposiciones nacionales e internacionales sobre el uso de la fuerza y armas de fuego.

La CNDH comprobó que los disparos no tuvieron como propósito disuadir, sino se tradujeron en uso arbitrario de la fuerza letal, al incumplir los principios de estricta necesidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad.

Por ello, recomendó, entre otras medidas, reparar el daño a los sobrevivientes y que la Semar colabore con las denuncias que se interpondrán contra los responsables.