Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), a quien se le atribuye desde hace décadas el control de esa casa de estudios, solicitó la protección de la justicia contra cualquier orden de aprehensión, arraigo, localización, citatorio, búsqueda, presentación o arresto en su contra.

El amparo que pidió en el juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal, con sede en Ciudad de México, está dirigido a la Fiscalía General de la República (FGR) para que no sea privado de la libertad por las investigaciones que vinculan a esta institución en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, el juez federal le otorgó la suspensión provisional, la cual estará vigente hasta que se efectúe la siguiente audiencia del juicio –la semana próxima– y le fijó una garantía de 3 mil pesos que tendrá que pagar en los próximos cinco días, para que si se libra alguna orden de aprehensión en su contra no sea detenido, en tanto el juez resuelve si concede la suspensión definitiva.

Desvío de más de $1,900 millones de Sedesol y Sedatu

Al respecto, el juez también pidió a las autoridades de la fiscalía un informe justificado sobre si hay alguna carpeta de investigación o existe alguno de los actos reclamados contra Sosa Castelán.

Se concede a Gerardo Sosa Castelán la suspensión provisional del mandamiento de molestia reclamado para el efecto de que no se ejecute, que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de la libertad personal con motivo de la orden de detención que reclama, lo anterior hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva, señala la resolución.

Hace unas semanas, la FGR judicializó dos expedientes relacionados con el desvío de más de mil 900 millones de pesos de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles. Las carpetas de investigación incluyen como presuntos responsables a ex funcionarios de Pemex y a uno de una universidad pública, que ahora se sabe se trata de Sosa Castelán, así como otros cuatro inculpados de haber cometido los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.