l político y militar romano Cayo Julio César se atribuye la frase Mi esposa debe estar por encima de toda sospecha que luego, reformulada, ha perdurado al tenor de que La mujer del César no sólo debe ser honrada, sino además parecerlo. El emisor de tal precepto se había divorciado de su esposa, Pompeya, luego que ésta había sido testigo, no participante activo, de una festividad dedicada al dios Saturno, las Saturnalias , en las cuales se daban licencias y excesos en los que podrían participar abiertamente mujeres de diversas clases sociales.

La referencia histórica viene al caso por la designación, ayer, de una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ocupará el asiento dejado por Margarita Luna Ramos. Siempre se mencionó como favorita para el cargo a la abogada Yasmín Esquivel Mossa, magistrada cuyo cargo más reciente fue la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Ciudad de México. Con carrera judicial propia, a Esquivel Mossa le ha afectado, en términos de debate público e incriminaciones, su relación con José María Riobóo, un ingeniero mexicano de larga experiencia, quien fundó e impulsó su propio grupo empresarial de diseño integral de proyectos de ingeniería.

No ha sido la carrera profesional de Riobóo, ni su éxito, lo que ha sido esgrimido en contra de la jurisperita Esquivel Mossa, sino las relaciones cercanas, en términos de asesoría y ejecución, del citado ingeniero con el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, con el varias veces candidato presidencial y, ahora, con el Presidente de la República, quien entre otras cosas ha encomendado a Riobóo tareas definitorias relacionadas con el finiquito del proyecto de nuevo aeropuerto internacional, en Texcoco, y con la construcción y habilitación de sedes aeronáuticas alternas.

La contigüidad de los intereses profesionales de la pareja Riobóo- Esquivel, con quien ahora ejerce el máximo poder político del país, ha generado una crítica que en otros tiempos, con otros personajes en el escenario, habría parecido justa y sostenible en la misma izquierda electoral y en el obradorismo en general. La imposición de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte suscitó una viva repulsa, al igual que la intención peñista de dejar también a Raúl Cervantes Andrade como ministro de la misma Corte (intención que luego se trocó al instalarlo, a título de canje compensatorio, como procurador general de la República).

No han sido necesariamente las prendas profesionales o técnicas de esos y otros personajes las que han movido a impugnación. Ha sido la certeza pública de cercanías y entendimientos entre esos y otros personajes constitutivos de la jurídicamente indemostrable mafia del poder, perteneciente a un pasado cuya repetición se lucha por impedir: los procuradores e impartidores de justicia no sólo han de ser honestos (e independientes del Poder Ejecutivo), sino parecerlo.

Un generoso manto de comprensión a conveniencia se va convirtiendo en costumbre pragmática ante este tipo de hechos de los nuevos tiempos políticos. Ni modo que se ponga en la Corte a un enemigo o a alguien que luego vaya a jugar las contras, se explica y justifica desde los ámbitos ahora dominantes de la política institucional. En cualquier otra circunstancia, habría sido un escándalo que el Presidente de la República postulara para un asiento en la Corte a la reciente candidata a gobernadora de un estado por el partido gobernante (Celia Maya, en Querétaro), a la esposa de un colaborador cercano y que ahora ejercerá como fiscal de asuntos electorales (Loretta Ortiz) y a la esposa de un asesor y colaborador en diversos momentos administrativos y políticos (Yasmín Esquivel).

Falta ver a cambio de qué se consiguieron los votos senatoriales que pasaron de la primera fase, con 66 votos a favor de Esquivel, a la segunda, con 95 sufragios (29 voluntades cambiaron de sentido, luego de un receso y la segunda votación). Hay que leer pasajes de la historia de Roma (no la colonia, sino el imperio).

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