Al poner en marcha la tercera etapa de la asistencia técnica por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, la presidenta de ese organismo, Esmeralda Arosemena de Troitiño, subrayó que el gobierno de López Obrador debe descartar la verdad histórica.

Para la CIDH es importante que se deje atrás la llamada verdad histórica, que tanto el tribunal colegiado de Tamaulipas y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ya han cuestionado. Tiene que darse una nueva narrativa como punto de partida, la verdad histórica está descartada. En esta nueva etapa, reconocemos el fuerte impulso que el gobierno (federal) está dando al caso Ayotzinapa abriendo una oportunidad única para romper con la impunidad, dando a las familias de las víctimas el derecho a la verdad y la justicia.

Ayer se instaló la nueva etapa en la asistencia técnica internacional para el caso Ayotzinapa, la tercera a poco más de cuatro años cinco meses de la trágica noche de Iguala, el 26 de septiembre de 2014, y que representa la primera fase de apoyo de la CIDH con la nueva administración federal.

Arosemena de Troitiño se reunió con familiares de los normalistas, autoridades federales como los subsecretarios de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, así como el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.

Ante ellos presentó al Grupo de Apoyo Técnico (GAT) de la CIDH, que respaldará a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa –creada por decreto del presidente López Obrador– y a las autoridades correspondientes en cuatro puntos específicos: la búsqueda de los 43 normalistas, investigaciones efectivas, atención a todas las víctimas de esos crímenes y establecimiento de medidas estructurales que garanticen la no repetición de los hechos.

Para la instalación del nuevo proyecto de asistencia se firmó un acuerdo con el gobierno federal, que tendrá duración de un año con posibilidades de ser renovado. El nuevo grupo contempla el posible regreso de ex integrantes del GIEI y ya tiene a varios expertos en campo para iniciar cuanto antes las labores de apoyo. En breve se informará quiénes lo conformarán.

La comisionada también entregó el informe final del Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa de la CIDH, que cerrará sus labores para dar paso al GAT.

Hoy, agregó, siguen pendientes y abiertas una gama de líneas de investigación que deben profundizarse para obtener mejores resultados en las investigaciones y apegadas a la verdad de los hechos; entre ellas, subrayó, concretar las órdenes de aprehensión contra personas señaladas como responsables, indagar a funcionarios públicos que fueron omisos (entre ellos a miembros del Ejército), así como a quienes cometieron irregularidades en las investigaciones sobre el caso.

Encinas remarcó que el GAT apoyará técnicamente todas las líneas de investigación criminal abiertas, las que no siguió la antigua Procuraduría General de la República y las que realice la nueva comisión; además, se brindará acompañamiento para impulsar nuevos mecanismos que no hayan sido explorados.