La empresa de autobuses Transpaís exigió al gobierno de Tamaulipas garantías de seguridad para transitar por las carreteras del estado con el fin de que los viajeros recuperen la confianza, después de que un comando secuestrara a 22 personas (que en un primer momento se indicó que eran 19) que viajaban en un camión de esa línea el pasado 7 de marzo.

Fuentes gubernamentales informaron que el plagio de los pasajeros, al parecer migrantes, se considera como delito por desaparición forzada y la investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR).

El jueves pasado, 22 hombres que viajaban en un autobús de la línea Transpaís, con número económico 9596 y placas del Servicio Público Federal 417-HY-4, el cual salió de Tampico a las 06:25 horas con destino a Reynosa, fueron plagiados por sujetos armados.

Los concesionarios afirmaron, en un comunicado, que confían en las autoridades para que esclarezcan la desaparición de los pasajeros cuando la unidad circulaba por el ejido Palo Blanco, en los límites con San Fernando, considerado un tramo carretero peligroso en Tamaulipas, y donde en 2010 al menos 72 migrantes fueron asesinados.

En ese tenor, el alcalde del municipio de Miguel Alemán, Servando López, en un acto público, informó la desaparición del regidor priísta Hervey Barrera García, de quien se desconoce su paradero desde el sábado anterior.

Pidió a quienes se lo llevaron que lo regresen con vida y, a las autoridades estatales y federales, que ayuden a la localización del edil.

En 2005, en esa misma región, desapareció Diana Margarita Canales Cárdenas cuando viajaba de Nuevo Laredo, donde residía, rumbo a la ciudad de Miguel Alemán, en donde trabajaba como juez civil; a la fecha la juzgadora sigue desaparecida y la camioneta que usaba tampoco ha sido localizada.

Asimismo, se informó que agentes de las policías ministerial y estatal detuvieron a cinco civiles armados que irrumpieron en una vivienda y ejecutaron a dos personas en el fraccionamiento Las Palomas, ubicado al sur de Ciudad Victoria.

La zona estuvo acordonada por los uniformados e impidieron el acceso a vehículos particulares así como a residentes del asentamiento, que se localiza a la salida al aeropuerto Pedro José Méndez.