En 2018, México no cumplió la meta de generar 25 por ciento de la energía eléctrica con fuentes limpias, por lo que no existe certeza de que logrará las metas posteriores de producir 30 por ciento para 2021 y 35 por ciento para 2024, tal como está suscrito en la Ley de Transición Energética, y con ello cumplir con el Acuerdo de París, señaló la Plataforma México, Clima y Energía (PMCE).

Daniel Chacón Anaya, vocero de esta organización que agrupa a centros de investigación, instituciones de educación superior y organizaciones sociales, sostuvo que en los actuales escenarios y la tendencia establecida en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032, el país no cumplirá los objetivos climáticos para 2030.

En tanto, Greenpeace expresó su preocupación porque a 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la política energética contraviene de manera radical la lucha en contra del cambio climático. En un comunicado señaló que hay una crisis climática insostenible por una grave situación de contaminación atmosférica en el país que provoca la muerte prematura de al menos 17 mil personas al año.

A su vez, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) señaló, en su evaluación estratégica de la política nacional, que en esta administración se eliminaron las acciones para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y se está dando paso a energías altamente contaminantes.

Es el caso del plan nacional de refinación por el cual se busca reconvertir el sistema de refinación, que hasta el momento está diseñado para procesar crudo ligero, a crudo pesado (el tipo de petróleo dominante en las reservas mexicanas).

También está la construcción de una refinería más en el municipio de Dos Bocas, Tabasco, con el objetivo de aumentar la producción de combustibles refinados a un millón 600 mil barriles diarios entre diésel y gasolina; la cancelación de la cuarta subasta energética en plazos, donde la energía renovable es más competitiva que los combustibles fósiles; el anuncio de la reactivación del sistema de plantas termoeléctricas; el plan de incremento en la extracción de petróleo, incluso a través de fracking que legalmente aún es viable; y la reducción de recursos asignados para mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático en 36 por ciento respecto al del 2018.