ndependientemente del grado de participación que haya tenido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en su génesis (lo que tendrá mayor claridad en los próximos días), la iniciativa de decreto para crear una nueva ley de humanidades, ciencias y tecnologías fue resultado de un cálculo político fallido. Surgida a espaldas de la comunidad científica, ha provocado una reacción de rechazo que no se había visto en décadas en este sector. Como sintetizó el doctor Daniel Ortuño Sahagún, profesor del departamento de biología molecular y genómica de la Universidad de Guadalajara, durante su participación el miércoles pasado en la Cámara de Diputados: “Un primer logro de la propuesta de nueva ley –que francamente espero sea el último– es haber unido a la comunidad académica para manifestarnos mayoritariamente en contra de ella”.

Como respuesta a los reclamos de investigadores, luego de la presentación de la senadora Ana Lilia Rivera de la mencionada iniciativa, tuvo lugar el pasado 6 de marzo la primera jornada del Conversatorio para el Análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, acto organizado en conjunto por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, presidida por Marivel Solís Barrera, y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, encabezado por Julia Tagüena Parga. La reunión, en la que se registraron más de 600 académicos y científicos, es en sí misma una buena señal, pues ilustra la característica de la política de ciencia de la Cuarta Transformación que ya había sido planteada el primero de diciembre por el presidente López Obrador: la consulta con los científicos.

Un hecho significativo en la ceremonia inaugural, ocurrió cuando la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Beatriz Paredes Rangel, destacó la propuesta presentada por la comisión homóloga de los diputados para incorporar en el artículo tercero constitucional las bases de una política de Estado para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, considerarlas áreas prioritarias para el desarrollo nacional con visión de largo plazo y como un derecho para gozar de los beneficios del conocimiento científico y sus aplicaciones. De concretarse, cambiaría sustancialmente la perspectiva desde la que habría que observar a la ley reglamentaria (de ciencia y tecnología), como advirtió luego Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien coordinó la primera mesa de trabajo del conversatorio.

Es imposible en este espacio dar cuenta de la riqueza de las participaciones en el acto citado, por lo que me voy a referir aquí sólo a algunas de ellas en los temas que considero estuvieron en el ánimo de la mayoría de los participantes.

Un punto central fue el planteado por Julia Tagüeña, Guillermo Cejudo (investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas) y por el propio Pedro Salazar, quienes señalaron que antes de aterrizar en una nueva ley de ciencia y tecnología era preciso contar con una definición de políticas; es decir, saber primero hacia dónde se quiere ir, o los problemas que se pretenden resolver, por lo que el marco normativo debería ser visto no como un fin en sí mismo, sino como el mejor receptáculo posible luego de la definición de esas políticas. Dicho en otras palabras, aunque menos elegantes, no habría que poner la carreta delante de los bueyes.

Otro de los puntos nodales en la primera jornada fue el planteado por Juan Pedro Laclette, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, al señalar que si se pretende modificar la ley, se debería partir de la vigente y no de la iniciativa de la senadora Rivera. En el mismo sentido, en la sesión vespertina dedicada al análisis de los centros públicos de investigación (CPI), Martín Aluja Schuneman, Premio Nacional de Ciencias 2013, dijo que la iniciativa presentada por Rivera debería ser archivada y aspectos como las modificaciones en los CPI operarse sobre la base de la ley actual.

Un tema que estuvo presente en varias intervenciones fue, desde luego, el de la libertad de investigación. Al respecto, Antonio Lazcano Araujo, miembro de El Colegio Nacional, señaló que el desarrollo de la ciencia requiere de la garantía de la libertad intelectual absoluta, por lo que no debe haber restricciones o imposición sobre el sentido que debe tomar la investigación. Pedro Salazar recomendó evitar recetar conceptos abiertos y ambiguos que operan como condicionantes, como los de riesgo, prevención, precaución y previsión, los cuales requieren de una definición precisa para no convertirse en espada de Damocles sobre las investigaciones.

Una conclusión preliminar para el primer día de actividades de este conversatorio (que tendrá su segunda jornada y conclusión mañana) es que la iniciativa de decreto para crear una nueva ley de humanidades, ciencias y tecnologías, nació muerta.