La constructora Homex, acusada de fraude y declarada en bancarrota hace cinco años, informó ayer que fue contratada para desarrollar un conjunto habitacional de aproximadamente 780 unidades de vivienda media que tendrán un precio promedio de venta de 1.2 millones de pesos cada una.

Homex firmó un contrato bajo el modelo llave en mano, con el que obtendrá utilidad por cada unidad construida y vendida, mientras los gastos administrativos del desarrollo serán cubiertos con el flujo del proyecto, afirmó la compañía, basada en Sinaloa, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Agregó que no utilizará recursos propios para ese proyecto.

Aunque en el comunicado omitió el nombre del contratista, en su reporte al tercer trimestre del año pasado dijo que había firmado un convenio con Grupo Financiero Inbursa. El proyecto debió comenzar en el último trimestre de 2018.

Homex detalló que comenzará el proyecto este mes y significará el segundo bajo el modelo llave en mano, firmado con un tercero.

El contrato es un reflejo de la confianza en la compañía y su equipo para la ejecución de este tipo de proyectos, donde obtenemos una utilidad sin requerimiento de capital ni financiamiento, además de que los gastos administrativos del proyecto son cubiertos con los flujos que el mismo genere, aseguró José Alberto Baños López, director general de Homex.

En el reporte al tercer trimestre de 2018, Baños López había expresado su confianza en firmar más contratos con instituciones financieras que tienen en su poder reserva territorial.

Homex fue hace años una de las mayores desarrolladoras de vivienda de interés social y casa media y residencial.

En 2014 se declaró en quiebra y fue objeto de una denuncia por un supuesto fraude contable por más de 3 mil millones de dólares.

La denuncia fue interpuesta por el regulador bursátil de Estados Unidos contra ex directivos de Homex, a quienes acusó de haber maquillado estados financieros y vender 102 mil casas sin haberlas construido.

El anuncio de la compañía ocurre días después de que el gobierno mexicano admitió que analiza incrementar a medio millón de pesos la base de financiamiento mínimo para los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores de menores ingresos.