Zacatecas, Zac., La Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas (CDHEZ) emitió una recomendación general a los 58 presidentes municipales de la entidad por la falta de atención y precarias condiciones en que se encuentran los separos preventivos de esas demarcaciones; donde además se han registrado 15 decesos por esa situación.

La falta de vigilancia y atención permanente, durante la pasada década, provocaron la muerte de 15 personas en los separos, presuntos suicidios, en los municipios de Atolinga, Villa Hidalgo, Concepción del Oro, Chalchihuites, Cañitas de Felipe Pescador, Río Grande, Jerez, Fresnillo, Guadalupe, Apozol, Sombrerete, Zacatecas y Jalpa.

El mayor problema está en la capital del estado, con tres decesos entre 2014, 2017 y 2018. En febrero anterior, se registró una muerte en el municipio de Jalpa, denunció la presidenta de la CDHEZ, María de la Luz Domínguez Campos.

Señaló también que en lo general, los 58 alcaldes no cumplen con las normas mínimas de seguridad e higiene en las cárceles municipales, como lo disponen organismos internacionales y del país, relativas a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran privadas de su libertad en separos preventivos.

Alertó que en 23 municipios no cuentan con libros de registro de personas detenidas, lo que calificó como grave, porque la autoridad debe contar con una inscripción de los detenidos, pertenencias con las que llegan, causas de la detención y la sanción impuesta por el juez, a fin de respetar la legalidad y seguridad jurídica, y prevenir el delito de desaparición forzada.

La ombudsman detalló que en los 58 municipios existe un déficit de 3 mil 181 policías preventivos, pues su número en la actualidad apenas llega a los mil 200 elementos, es decir, sólo tienen 30 por ciento de los uniformados requeridos conforme a los estándares internacionales.

Lo más grave, dijo Domínguez Campos, es que en 11 municipios no cuentan siquiera con jueces comunitarios que califiquen y sancionen a los detenidos en esas cárceles locales.

Dijo que las condiciones de alojamiento de las celdas donde se detiene legalmente a las personas deben contar con infraestructura, equipo, servicios y personal; sin embargo, la mayoría son deficientes.

Así como higiene, ventilación, iluminación, sanitario, lavabo, suministro de agua para el aseo personal, planchas para dormir, puertas y ventanas adecuadas para prevenir suicidios y circuito cerrado de videograbación, y alimentos.

En particular, precisó que en 37 municipios las condiciones de infraestructura de los separos es de regular a mala, y agregó que en el municipio de Pánuco ni siquiera funcionan esas instalaciones.

Por lo que la recomendación de la CDHEZ a los ayuntamientos y las autoridades vinculadas a la seguridad pública manifiesta a “respetar, promover, proteger y garantizar el derecho a la vida, la integridad –física, sicológica y moral– y la dignidad de las personas privadas de su libertad por presuntas infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía”.