El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) solicitó una declaratoria de alerta de violencia de género a escala nacional ante la grave situación por los asesinatos de mujeres. Esa alerta permitiría homologar el tipo penal de ese delito en todos los estados, garantizar un solo marco normativo y tratamiento igualitario a las víctimas.

En tanto, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del sexto circuito ordenó a la Secretaría de Gobernación emitir la declaratoria de alerta de género para Puebla, al otorgar la razón a una organización civil que solicitó un amparo. Mencionó el creciente fenómeno de violencia registrado en los últimos años en contra de mujeres y niñas en el estado.

Por unanimidad de votos, los magistrados concluyeron que hay evidencia suficiente para afirmar que el gobierno de Puebla no cumplió los compromisos adquiridos con el grupo de trabajo integrado para analizar si era factible decretar la alerta de género.

El tribunal declaró que existe violación a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y equidad de género, al advertir omisiones en el fortalecimiento institucional, pues no se garantiza el acceso a la justicia ni existen campañas permanentes de prevención o protocolos de actuación para evitar y erradicar la violencia de género, lo que ha generado inseguridad y peligro.

Mientras, en Jalisco, a cuatro meses de haberse decretado la alerta de violencia de género, el gobierno no ha informado sobre las autoridades responsables de su cumplimiento, así como los recursos e indicadores de resultado para ello, alertaron organizaciones civiles.

▲ En la marcha de ayer en la Ciudad de México.Foto Luis Castillo

En un comunicado conjunto –firmado por Católicas por el Derecho a Decidir, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y Yocoyani, entre otros colectivos– señalaron que no sólo no se ha informado sobre los avances de la alerta en esa entidad, sino que hay acciones contrarias a los resolutivos de la declaratoria.

En cuanto a la petición de alerta a escala nacional, el OCNF señaló que es necesario revisar los casos de feminicidio e identificar líneas de investigación, analizar los problemas estructurales y fortalecer las herramientas de investigación de los casos de violencia.

En enero de 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fueron asesinadas 304 mujeres (en promedio 10 al día). De estas muertes, sólo 75 son investigados como feminicidios (24.67 por ciento).

Hizo un llamado al gobierno federal para que propicie la elaboración urgente de un protocolo modelo de investigación ministerial, policial y pericial que atienda de manera efectiva los feminicidios en México.

Este protocolo modelo, añadió, deberá partir de la premisa emanada de la sentencia Mariana Lima Buendía, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que toda muerte violenta de mujeres debe iniciarse como feminicidio.

También pide desechar los peritajes denominados necropsias sicológicas, que con la supuesta realización del perfil de la víctima son contrarios a la perspectiva de género, pues no sólo las estigmatiza, sino que desvirtúan el hecho de que la mujer pudo haber sido asesinada por razones de género.