Mujeres: participación laboral // Igualdad de género=desarrollo
a creciente participación de la mujer en el mercado laboral contribuye decididamente al crecimiento de un país y fomenta la independencia económica de las trabajadoras, aunque éstas se topan con menores salarios y prácticas que nada aportan para trascender del discurso de la equidad de género a los hechos.
En el caso mexicano, unas 22 millones de mujeres (alrededor de 40 por ciento de la población económicamente activa) participan, o intentan hacerlo, en el mercado laboral, sea éste formal o informal, pero se enfrentan a limitaciones de todo tipo.
En este contexto, la Cepal –de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes– advierte que la persistente división sexual del trabajo explica que la tasa de actividad económica de las mujeres en América Latina se haya estancado en torno a 50 por ciento. De aquellas que logran insertarse en el mercado laboral, la mitad está en empleos de baja productividad y únicamente 18.6 por ciento de éstas se encuentran afiliadas o cotizando en un sistema de seguridad social. Estos empleos se caracterizan, además, por su inestabilidad y precariedad salarial.
En un contexto de cambios demográficos relacionados con el envejecimiento y la feminización de la población adulta mayor se agudizan los desafíos que afrontan las mujeres para el logro de su autonomía económica presente y futura.
Las mujeres constituyen la mayoría de la población adulta mayor, sin embargo, salvo excepciones, están subrepresentadas entre quienes perciben pensiones. La proporción de mujeres en edad legal de jubilación que reciben algún tipo de pensión o jubilación es menor que la de hombres. Si bien en la región se ha avanzado en su inclusión por medio de pensiones no contributivas, éstas son las prestaciones de menor monto y no permiten a las mujeres superar la situación de pobreza.
En general, los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe reproducen y profundizan las desigualdades estructurales presentes en otros ámbitos. En los países de la región, los sistemas de pensiones están fuertemente asociados al tipo de vínculo que las personas establecen con el mercado laboral, el cual se caracteriza, a su vez, por altas tasas de informalidad, precariedad y por reproducir las desigualdades de género.
Además de las brechas de género asociadas al mercado laboral en los sistemas de pensiones, aún persisten formas directas de discriminación vinculadas con normas que establecen un trato desigual hacia las mujeres.
El acceso de las mujeres a los actuales sistemas de pensiones no se funda en la titularidad de derechos de ciudadanía o en las contribuciones que realizan al desarrollo de los países. Así, paradójicamente, aquellas mujeres que se dedican exclusivamente al trabajo de cuidados no remunerado quedan excluidas de los sistemas de pensiones, pese a que realizan una contribución importante al bienestar social de los países. Otra manifestación indirecta de los sesgos de género en los sistemas de pensiones se evidencia al analizar la exclusión de las trabajadoras domésticas de los regímenes generales de protección social.
Lograr que la dimensión de género esté presente de forma integral en el diseño de las reformas de los sistemas de pensiones constituye un desafío en la región. La inclusión de las mujeres en los sistemas de pensiones es indispensable para hacer frente a la nueva estructura de edades de la población, a la demanda y necesidad de autonomía económica y al ejercicio de sus derechos. También es un requisito para la sostenibilidad de los propios sistemas y para alcanzar la igualdad.
En síntesis, sin igualdad de género, el desarrollo sostenible no es desarrollo ni es sostenible.
Las rebanadas del pastel
Quién sabe en qué andaba el duende de la imprenta, pero el encabezado del México SA de ayer amaneció totalmente distinto: el original decía atracan con ex paraestatales
y se publicó Cepal: en 2019 más de lo mismo
(cabeza de la columna publicada el 18 de octubre de 2018).
