ace algunos días se renovó el liderazgo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En dicho acto, el Presidente de la República e integrantes de su gabinete convergieron con grandes empresarios y organizaciones de la sociedad civil cercanas al mundo corporativo. Los primeros, arduos críticos del populismo. Los segundos, señalados días atrás por López Obrador como representantes del conservadurismo. Sin duda, la presencia de AMLO conllevó un gran trabajo de la Oficina de la Presidencia, desde donde Alfonso Romo se ha dado a la tarea de concertar los intereses del llamado gran capital con el proyecto lopezobradorista. El Presidente no asistió únicamente en calidad de invitado. Fue él quien tomó protesta a Carlos Salazar Lomelín. Con ello, se hizo explícita la apertura de un nuevo ciclo de relación entre capital y gobierno, el cual podría resumirse en lo dicho por el propio Salazar cuando afirmó: “el estadista debe lograr equilibrio en economía y sociedad para que las demandas sociales no desborden las posibilidades de la economía…”. Los hombres de negocios buscan en el bono democrático de López Obrador la legitimidad de cualquier política de contención a aquella protesta que cuestione los fundamentos actuales de la distribución de bienes sociales. En tanto, el Presidente busca en el respaldo empresarial la garantía de inversión necesaria para fortalecer el mercado interno y lograr sus metas en infraestructura y megaproyectos. Una relación mutuamente benéfica.

El capital busca tener una política exitosa en el sexenio y para ello debe lograr dos cosas: un trato directo favorable con el gobierno y una ocupación efectiva de los espacios representativos de la sociedad civil que legitime sus propuestas. La relación directa parece garantizada, pero no así su representatividad en la sociedad civil organizada, mirada cuando menos con recelo por parte del Presidente, tal como ha sido constatado en sus recientes declaraciones.

Según el mandatario, la representación de la sociedad civil ha sido bandera de poderosos intereses conservadores. En efecto, ciertos grupos se han apoyado en las desigualdades económicas y sociales para reproducir también las disparidades políticas existentes, de las cuales resultan fortalecidos. Esto se ha visto claramente con respecto al deba-te educativo, donde las propuestas de la sociedad han sido acaparadas por un pequeño grupo de OSC financiadas por multimillonarios que se han autoproclamado representantes sociales y amos y señores de la vida profesional del magisterio.

Cabe mencionar que el interés empresarial por el liderazgo en la sociedad civil no es algo nuevo, se remonta a principios de los 80, cuando la estatización bancaria generó un nuevo discurso basado en la contraposición entre sociedad civil y poder público. Con ello, los empresarios iniciaron una campaña de vertebración de la sociedad que consistía en incentivar la formación de asociaciones cívicas desde el sector privado y dedicarlas a actividades culturales y educativas con la finalidad de crear un interés común entre los trabajadores y el éxito empresarial. Con la llegada de Claudio X. González a la presidencia del CCE en 1985. y el impulso a dicha vertebración por parte de Lorenzo Servitje, los hombres de negocios fortalecieron paulatinamente su presencia en los debates y propuestas en el seno de la sociedad civil, construyendo un doble frente de operación política: el corporativo, mediante sus cámaras empresariales y el ciudadano, a través de sus organizaciones en la sociedad civil. Esto ha sido desarrollado con éxito por las generaciones empresariales actuales, que se han dedicado a profundizar su ideología con las organizaciones sociales dirigidas y apoyadas por ellos, como Mexicanos Primero (Daniel Servijte y Claudio X. González) o el Instituto de Fomento e Investigación Educativa (Marinela Servitje), quienes a menudo se ostentan, con éxito, como representantes de la sociedad en su conjunto. La apropiación de la sociedad civil, tal como ha dicho el Presidente, no es una ficción.

Sin embargo, a pesar de que sus señalamientos han sido correctos, pareciera que el principal problema para López Obrador no es la naturaleza conservadora de ciertos sectores de la sociedad civil organizada. Al Presidente no le agradan las OSC porque no acepta la existencia de intermediarios en su relación con el pueblo (expresada, por ejemplo, en consultas sumamente cuestionables). No le agrada que existan voces que desde la sociedad civil cuestionen su proyecto desde cualquier posición del espectro ideológico. Es por eso que de un plumazo condenó a esa diversidad de más de 32 mil OSC, entre las que se encuentran asociaciones de izquierda, a la sombra conservadora, es decir, al bando de la reacción. Lo anterior es preocupante porque mientras la derecha encuentra en la sociedad civil un espacio más de disputa política, para una cantidad ingente de ciudadanos de izquierda ese es su espacio inmediato de organización. Mientras los poderosos tienen sus cámaras empresariales para presionar al gobierno con desinversión o salida de capitales, los ciudadanos de a pie tienen en las lógicas asociativas de la sociedad civil la vía para construir exigencias cívicas y evidenciar omisiones gubernamentales. En aras del control, el Presidente ha optado por botar el agua sucia con todo y niño.

A pesar de todo, estamos ante una gran oportunidad para la izquierda de reivindicar a la sociedad civil como espacio de lucha. La sociedad civil empresarial se fortaleció con el paso de los años por el fomento y reconocimiento presidencial. Ahora que AMLO le ha mostrado cuando menos desdén, es tiempo de recuperar su sentido popular.

*Politólogo

Twitter: MaurroJarquin