Xalapa, Ver., La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y la de Salud del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, están bajo investigación de la Contraloría General del Estado por presuntos casos de nepotismo.

Leslie Mónica Garibo Puga, contralora general, informó que se presentaron dos quejas formales contra esas dependencias, y ya se investiga para deslindar responsabilidades.

Expuso que las denuncias quedaron asentadas en las carpetas 03/2019 para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y la 19/2019 para la Secretaría de Salud.

La indagatoria de la Contraloría se inició a partir de que en días recientes hubo quejas ciudadanas de que los titulares de dichas dependencias habrían contratado a familiares para desempeñar cargos de alto nivel.

Se señaló que en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, su titular, Norma Argüelles, presuntamente incurrió en nepotismo al imponer a su hija Quetzalli Cárdenas Argüelles, como jefa del Departamento Jurídico y de Amparos.

La contralora Leslie Mónica Garibo dijo que se giraron los oficios correspondientes a las unidades de fiscalización interna para que los órganos internos de control hagan lo propio a la brevedad.

Reiteró que pidió las nóminas así como copia de los nombramientos para investigarlos a fondo y determinar si se cometió alguna mala práctica, y de ahí, conforme a derecho, imponer las sanciones correspondientes.

No quiso aventurar una posible sanción a la titular de la STyPS, quien prácticamente admitió haber intentado dar empleo a su hija.

La funcionaria puntualizó que lo más importante es preservar que los perfiles de los contratados, sean los adecuados, pues es una exigencia de los veracruzanos, y una directriz del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En tanto, el mandatario morenista dio a conocer que no cumplió con su promesa de reducirse en 30 por ciento el salario como gobernador, porque titulares de los órganos autónomos, que ganan más de 100 mil pesos mensuales, le advirtieron que interpondrían un recurso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar los recortes.

El 13 de diciembre pasado, García Jiménez envió al Congreso una iniciativa de ley para disminuir salarios y austeridad en la entidad, y en ella se asentaba que nadie puede ganar más que el mandatario, cuyo salario iba a reducirse de más de 75 mil pesos a 57 mil pesos.

No obstante, al saber que iba a ocurrir lo mismo que había pasado con la iniciativa del Presidente de la República, se decidió detenerlo y ahora espera que más adelante, por medio de un acuerdo, se ajusten los salarios.