Moscú. De un instrumento adicional que pretende restringir los espacios de la libertad de expresión en Rusia disponen los gobernantes de este país con la ley, aprobada este jueves –en tercera y definitiva instancia– por los diputados de la Duma, que castiga la falta de respeto evidente hacia las autoridades en Internet.

Por 327 votos en favor –con 40 en contra y una abstención, del total de 450 escaños de la cámara baja del Parlamento ruso–, queda a criterio del propio presunto afectado, por supuesto, cuándo el cuestionamiento se torna falta de respeto con el agravante de evidente y cuándo es un inofensivo chascarrillo como llamar GosDura (Gos-Tonta) a la GosDuma (Cámara de Diputados), según ejemplificó para minimizar las críticas a la iniciativa de ley su autor, Andrei Klishas.

En realidad, no parece tarea sencilla establecer en qué circunstancias hay intencionalidad de faltar al respeto de modo evidente a las autoridades, en otras palabras, de acuerdo con su amplia definición, al Estado, a la sociedad, a la bandera, al escudo, al himno, a la Constitución, al presidente, al Senado, a la Cámara de Diputados, al gobierno o al Poder Judicial.

Sin embargo, por subir a una red social un comentario mordaz que el eludido o el protector de los símbolos en funciones de vocero considere ofensiva, quien lo haya hecho, aun sin ser el autor del texto, se expone al equivalente de una multa de 9 mil a 30 mil pesos, si se trata de la primera publicación en un año; de 60 mil pesos o 15 días de cárcel por una segunda; y si es terco de verdad, le puede caer una multa de 90 mil pesos y una sentencia a prisión más prolongada.

El legislador Klishas también metió su pluma para redactar otra ley, adoptada este mismo jueves, contra los difusores de noticias falsas que, cuando se crean, como subraya él, con la intención de sembrar confusión y difamar, son sólo fake news.

Pero como hay casos en que resulta difícil saber cuándo se reproduce una información en Internet a sabiendas de que carece de veracidad, sus colegas convinieron en que los medios, para evitar ser sancionados, deben tener la oportunidad durante 24 horas de suprimir el texto dudoso después de la primera queja del agraviado.

Por el muy amplio margen de interpretación que dejan estas dos leyes, periodistas y activistas coinciden en que ambas limitan aún más la libertad de expresión.