En el municipio de Ahome, Sinaloa, en años recientes se ha registrado un patrón sistemático de desapariciones forzadas que se podrían configurar como crímenes de lesa humanidad, pues en este periodo se han reportado al menos 26 casos atribuidos a policías municipales, denunció la organización civil Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Instancias internacionales de protección a las garantías fundamentales han hecho diversos requerimientos a las autoridades mexicanas por uno de estos casos, el de David Mendoza Marín, Alfredo Elías Bustos y Margarita Marín Yan, desaparecidos desde el 21 de julio de 2015 por la policia local de Ahome.

Las autoridades locales se rehusaron a reconocer estos hechos como desaparición forzada, contra lo que lucharon los familiares de las víctimas. En agosto de 2018, integrantes del colectivo Rastreadoras por La Paz localizaron los restos de estos tres jóvenes en una fosa clandestina. Sin embargo, fue hasta cinco meses después, el 29 de enero pasado, que gracias a diversas pruebas genéticas se logró determinar su identidad.

En conferencia de prensa, Guillermo Naranjo, abogado de Idheas, indicó que tres policías involucrados en este caso (se ha señalado al menos a 10) continúan prófugos, pese a que cuentan con orden de captura, además de que aún están dados de alta como policías municipales.

En una muestra de encubrimiento y complicidad, ellos fueron advertidos por los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de la administración anterior, y hasta la fecha siguen prófugos de la justicia, se informó.

Ante las omisiones en la investigación por parte de la Fiscalía del estado y la hoy Fiscalía General de la República, los familiares de los agraviados han acudido ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Carola Marín, madre de los tres desaparecidos, reprochó que aunque tienen pruebas contra tres policías municipales, mandos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal les otorgaron vacaciones el mismo día en que se les giraron órdenes de aprehensión.

Ante la falta de resultados en la investigación y captura de los policías prófugos, Idheas, en representación de los familiares, solicitó acciones urgentes al CED y medidas cautelares a la CIDH.

Sin embargo, los requerimientos de estas instancias han sido desestimados e ignorados por la FGR, en específico, por la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, lo que ha provocado el nulo avance de las investigaciones.