La violencia en México se ha convertido en un riesgo cada vez mayor para la capacidad de las empresas de atender sus compromisos financieros, lo que afecta principalmente a las compañías relacionadas con la industria de los hidrocarburos, entre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex), y al sector hotelero, manifestó ayer Moody’s Investors Service.

Alonso Sánchez, vicepresidente de Moody’s, detalló que los hechos violentos debilitarán particularmente los ingresos y márgenes en los próximos 12-18 meses para la industria petrolera y para hoteles y centros turísticos.

Además, la propagación de la violencia en el país también conlleva riesgos económicos y financieros inherentes para un mayor número de gobiernos locales.

Aunque se requiera mayor gasto en seguridad, las presiones de gasto directas para los gobiernos regionales se mantienen contenidas gracias al apoyo federal.

El gasto total público en seguridad en México está por debajo del de la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, incluyendo aquellos con niveles de violencia menores.

No obstante, el gobierno federal continúa coordinando y financiando esfuerzos para combatir la violencia y seguramente seguirá haciéndolo con la propuesta para crear la Guardia Nacional.

Los recursos destinados a seguridad a escala estatal han sido equivalentes a 6 por ciento de los gastos totales, en promedio, lo cual se encuentra en línea con lo que destinan en ese renglón las autoridades locales de Estados Unidos, mientras a escala municipal puede variar ampliamente.

No obstante, estados y municipios continúan recibiendo transferencias federales para financiar parte de esos desembolsos.

Comentó que si bien hay empresas grandes y bien diversificadas que no verán impactos en su calidad crediticia, para otras más pequeñas la delincuencia representa un riesgo mayor.

La violencia en México plantea riesgos de crédito cada vez mayores para las empresas. La inseguridad representa el mayor riesgo para las industrias del petróleo y el alojamiento, en tanto que las economías estatales son resistentes a los picos de la delincuencia y los municipios son más vulnerables, alertó la calificadora.

La intensificación de la violencia y la delincuencia en México aumentan la preocupación por los riesgos crediticios, es decir, la solvencia para atender sus compromisos financieros relacionados con la seguridad para las empresas y los peligros económicos para estados y municipios, apuntó.

“El aumento de la inseguridad, los robos y las advertencias de viaje dañan la rentabilidad de las compañías mexicanas.

En particular debilitarán los ingresos y los márgenes en los próximos 12-18 meses para la industria petrolera y los hoteles y centros turísticos, apuntó Alonso Sánchez.

En el reporte, la calificadora comentó que la venta de combustibles en el mercado negro se han vuelto más atractiva para las organizaciones delictivas en la medida en que se intensifica la lucha en México contra las drogas.

Los esfuerzos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir los ductos por el transporte de combustible por carretera han interrumpido los suministros, posiblemente conservando los ingresos de la empresa productiva del Estado, pero la escasez de combustible a largo plazo amenaza con frenar la logística para las compañías que dependen de la cadena de distribución y suministro.